Un estudio realizado por la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, que dirige el economista Miguel Ceara Hatton, bajo el título “ La política social: capacidades y derechos, determinó que aunque se ha avanzado un poco en este aspecto, aún persisten desigualdades sociales significativas que afectan los derechos principales de la mayoría de los habitantes de la República Dominicana.
El estudio en cuestión, que fuera encargado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dirige el ingeniero Temístocles Montás, quien se encontraba presente cuando fueron dados a conocer los resultados finales de dicha investigación, enumera una serie de desafíos que tiene que enfrentar la República Dominicana, entre los que se citan:
Consolidar el Estado de derecho y convertir el desarrollo humano en una cuestión de derechos y no de poder, como es actualmente, así también generar cambios en las relaciones de poder que permitan modificar la cultura política e institucional, que garanticen participación de la ciudadanía y consoliden el Estado de derecho, lo que implicaría modificar las relaciones entre la política y la ciudadanía, eliminando el clientelismo como forma dominante de relación.
Sugiere, asimismo, que el Estado debería mantener una doble agenda: una para cerrar las brechas tradicionales en materia de empleo, salud, educación, seguridad social, y otra de desarrollo que implica desarrollar ciudadanía y capacidades para poder beneficiarse del proceso de globalización.
Además recomienda rediseñar la política social para crear capacidades y satisfacer las nuevas demandas en una sociedad globalizada: la materialización de los derechos, la protección social y la creación de ciudadanía para apoyar la productividad y la expansión de la base material, acciones afirmativas para los más desfavorecidos, protección contra riesgos y vulnerabilidades en coyunturas difíciles y creación de capacidades para el empoderamiento, la participación y la institucionalidad.
También recomienda fortalecer la cohesión social a través de un Estado solidario, así como buscar una solución definitiva que organice la presencia haitiana en la República Dominicana, al tiempo que respete los derechos humanos.
Por último, recomienda racionalizar el gasto público y enfrentar las restricciones que impone el servicio de la deuda pública que resultó de la crisis financiera nacional e internacional.
El informe del PNUD explora las posibilidades de provocar estos y otros cambios en la sociedad dominicana a través del análisis y recomendación de políticas sociales.
Se analizan fortalezas y debilidades, se proponen políticas, reforzando las fortalezas y generando cambios necesarios para hacer el desarrollo humano una cuestión de derechos.
Con respecto a la educación en este aspecto se encontró los peores resultados de América Latina, precisando que las pruebas nacionales son sistemáticamente bajas, indicando que el personal docente cuenta con más títulos pero sin más calidad.
El estudio encontró que la escolaridad promedio ha aumentado, mostrando diferencias por estratos sociales.
Significa, asimismo, que en promedio la calidad de la educación pública y privada es similar, y se observó un déficit de recursos comparado con América Latina.
Asimismo, determinó el estudio de marras que el salario de los docentes tiende a mejorar en el largo plazo, pero es insuficiente, precisando que la descentralización del sistema educativo no avanza.
También se encontró que lo que gasta la sociedad es 3.7% del PIB, y el público es del orden del 2% muy bajo comparado con América Latina.
Al referirse a la educación superior, el informe destaca un bajo nivel de los que ingresan, falta de financiamiento, muchos estudiantes y poca investigación, desconectado de la actividad productiva.
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