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sábado, 20 de marzo de 2010

Juez veta acuerdo de indemnización en Zona Cero



Redacción
BBC Mundo


Un juez dijo que la propuesta de indemnización para los trabajadores de la Zona Cero era inadecuada.

Un juez estadounidense rechazó una propuesta de acuerdo para indemnizar con US$657 millones a un grupo de personas que trabajaron en la llamada Zona Cero luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.



El magistrado federal Alvin Hellerstein dijo que no pensaba que el acuerdo representase una suma suficiente de dinero.



Hellerstein aseguró que se debía seguir negociando para alcanzar un acuerdo más justo.



Se calcula que más de 10.000 personas han enfermado a raíz de esos trabajos en la conocida como Zona Cero de Nueva York y, según grupos activistas, más de 800 han muerto por entrar en contacto con las sustancias tóxicas que había en el lugar, informa la corresponsal de la BBC en Nueva York, Laura Trevelyan.



Los cerca de 10.000 trabajadores afectados han demandado a la ciudad de Nueva York por los problemas de salud.



Honorarios de abogados

Hellerstein sostuvo que los trabajadores afectados deberían poder saber el valor aproximado de efectivo que recibirán antes de decidir si aceptan si aceptan o no el acuerdo.



"No presidiré sobre un acuerdo basado en el temor o la ignorancia", señaló el juez.



Añadió que le preocupaba que buena parte de la suma final terminaría dedicada al pago de honorarios de abogados.





Se calcula que más de 10.000 personas han enfermado a raíz de trabajar en la Zona Cero.

Bajo el acuerdo actual, los pagos a los abogados pueden tomarse de un fondo de US$1.000 millones apartado por el gobierno federal para cubrir las reclamaciones.



El fondo fue creado luego de los ataques cuando la ciudad de Nueva York no pudo encontrar seguros privados que cubriesen las reclamaciones originadas por los trabajos en la Zona Cero.



El acuerdo, que había sido anunciado hace apenas una semana, requiere que el 95% de los demandantes lo acepten para que siga adelante.



Los trabajadores recibieron un plazo de 90 días para decidir si quieren tomar parte del arreglo.



El juez indicó que no era suficiente tiempo para que los demandantes tomaran una decisión de tal importancia.



El acuerdo había tomado dos años de negociaciones

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