Santo Domingo.- La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dominicana y varias
organizaciones pidieron este martes al Tribunal Constitucional declarar
inconstitucional la reciente elección por parte del Senado de la
defensora del pueblo, Zoila Martínez, un cargo recién estrenado en la
nación caribeña.
Dichas entidades argumentan que la elección de la
exfiscal en el cargo es fruto de "un acuerdo de aposento" entre el
oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su aliado
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), al que pertenece Martínez.
Durante una acción presentada ante el Tribunal
Constitucional, estas entidades, encabezadas por la CNDH, pidieron
declarar "la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad" de la
resolución de abril pasado de la Cámara del Diputados que escogió las
ternas a defensor del pueblo y sus suplentes y la iniciativa de mayo del
Senado que designó a Martínez en el cargo.
Según la denuncia, la candidatura de la ahora
defensora del pueblo no fue evaluada entre los 79 postulantes al cargo,
que se estrena en el país a pesar de que fue establecido por ley hace 12
años.
Martínez "en ningún momento expresó interés en
participar (como aspirante) y nunca fue evaluada", aseguró hoy a Efe el
vicepresidente de la CNDH, José Guzmán, quien figuraba como primer
suplente en la terna enviada por los diputados a los senadores para
elegir a los miembros de la Defensoría del Pueblo,
Varios sectores, entre ellos diputados
oficialistas y opositores han cuestionado la elección de la abogada
debido, según denuncian, a sus compromisos políticos.
Sin embargo, la exembajadora del país en Corea del
Sur ha salido al frente de las críticas y argumenta que "toda" su vida
se ha dedicado a combatir las injusticias y defender los derechos
humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) habían
insistido desde hace tiempo en la necesidad de nombrar al defensor del
Pueblo en República Dominicana, pero tomando en cuenta su independencia.
Aunque ha desempeñado otros cargos públicos, Zoila
Martínez alcanzó notoriedad en el país durante su rol como fiscal del
Distrito Nacional donde enfrentó casos tan sonoros como el horrendo
asesinato del niño Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996, planificado y
ejecutado por un primo hermano y su cómplice.
Las investigaciones en torno a ese hecho
alcanzaron ribetes internacionales, pues se comprobó que el asesino del
niño de 12 años tenía fuertes vínculos con la familia del embajador
argentino en Santo Domingo, cuyos miembros abandonaron el país poco
tiempo después.
La figura del defensor del pueblo es una autoridad
con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, facultada
para iniciar de oficio o a petición, cualquier investigación en torno a
violaciones de los derechos ciudadanos. EFE
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