El Estado de Texas, en Estados Unidos, gastó unos
US$1.286,86 en su última pena capital: la ejecución a comienzos de marzo
de Keith Thurmond.
Thurmond, un técnico en aires acondicionados de
52 años, fue sentenciado a muerte en 2002 por haber estrangulado a su
esposa y a su amante durante una discusión por la custodia de los niños.
El miércoles 7 de marzo, funcionarios de la prisión de Texas inyectaron una serie de tres drogas en su brazo.
El costo de estas drogas aumentó 15 veces su valor desde el año 2010, cuando el Estado las pagaba en US$86.
Esto se debe a que la droga que se utilizaba para sedar al paciente, thiopental sodium, fue sacada del mercado ese año.
Como resultado, Texas y otros estados debieron
recurrir a otro sedante, pentobarbital. Esta droga es significativamente
más cara y puede ser que pronto sea imposible de adquirir por las
prisiones donde se ejecuta a los condenados a muerte.
"Aunque sea una cantidad pequeña si uno la mira
en relación a todo el proceso, esto representa otro incremento en el
costo que hace a la ejecuciones menos confiables y más caras", dice
Richard Dieter, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la
Pena de Muerte en Washington DC.
"En un análisis costo-beneficio, la balanza se inclina en contra del mantenimiento de la pena capital".
Más caro que lo normal
Extensas investigaciones han sugerido que la
pena de muerte es mucho más cara para los contribuyentes que la cadena
perpetua, debido sobre todo al eterno proceso legal involucrado.
Este proceso está originado, fundamentalmente,
en lo que los críticos de las ejecuciones califican como un modo
barbárico y anticuado de castigo en un sistema legal sofisticado,
orientado de forma ostensible a proteger los derechos del acusado,
prevenir el castigo de un inocente y ejecutar seres humanos sin
causarles demasiado dolor físico ni sufrimiento.
Las ejecuciones se han vuelto más sofisticadas con los años.
Más allá de Texas, la mayoría de los 34 estados
que incluyen en sus leyes la pena capital rara vez la aplican. Pero
incluso éstos deben gastar miles de millones de dólares para mantener la
condena a muerte en contra de las apelaciones del condenado, así como
también en ubicar al interno en un lugar seguro y -en los que ellos
consideran- humano.
California, por ejemplo, ha gastado unos
US$4.000 millones desde 1978 en el financiamiento de su sistema de
ejecuciones, pero solo ha ejecutado a 13 prisioneros, según publicaron
en un estudio el juez federal Arthur Alarcon y la profesora en Leyes
Paula Mitchell.
En esa investigación se indica que en ese mismo
periodo, al menos 78 condenados a muerte murieron de causas naturales,
suicidio u otras razones mientras esperaban su ejecución.
En el estado de Washington, un fiscal indicó
ante un comité de abogados que los casos de pena capital son al menos
cuatro veces más costosos de presentar para la Fiscalía que un proceso
por homicidio que no incluya la ejecución del condenado.
"La enrarecida naturaleza de los casos de pena
de muerte provoca la presentación de más recursos y la existencia de un
mayor apoyo para el acusado, que suma más tiempo y dinero al proceso",
informó esta comisión estatal en 2006.
Sin oferta
El costo de la ejecución en sí varía de estado
en estado, pero es relativamente pequeño en relación a lo que las
autoridades estatales gastan en el camino a dicha ejecución.
El estado de Washington gastó US$97.814 para ejecutar a Cal Brown en 2010.
La mayoría de esa suma fue para pagar al
personal, pero las autoridades también tuvieron que contratar
iluminación y nuevas vallas para la demostración en las afueras de la
prisión, una carpa para los medios de comunicación, comida para los
equipos de seguridad especial y asistencia psicológica para sus
empleados, detalló Maria Peterson, vocera del Departamento de Penales de
Washington.
Incluso el thiopental sodium usado para sedar al acusado de homicidio costó US$861,60 señaló Peterson.
El fusilamiento de Ronnie Lee Gardner en 2010 le
costó a Utah US$165.000. La mayoría del dinero también fue en este caso
para los empleados del penal, pero US$25.000 fueron destinados a los
materiales utilizados en la ejecución, incluyendo la silla donde fue
colocado y el uniforme que vistió, dijo un vocero penitenciario al
diario Salt Lake Tribune.
La ejecución del violador y asesino Robert Coe
en 2000 le salió a Tennessee US$11.668, según un informe del contralor
del estado. La cifra incluye suministros médicos, personal y las drogas
utilizadas ese día.
El costo de las drogas para las ejecuciones en
Texas, Ohio, Oklahoma y otros estados se ha elevado, ya que los
productores sacaron sus productos del mercado porque no deseaban
suministrar fármacos que se utilizaban para terminar con vidas.
Texas y otros estados cambiaron el sedante para
hacerle perder el conocimiento al ejecutado de thiopental sodium a
pentobarbital el año pasado luego de que el único laboratorio en Estados
Unidos que manufacturaba la droga, Hospira, dijo que la retiraba del
mercado para evitar una pelea con las autoridades en Italia, donde se
producía la droga.
En diciembre, la Comisión Europea ordenó a las
compañías de la Unión Europea que querían exportar drogas que podían ser
usadas en inyecciones letales que se aseguraran que sus productos no
iban a ser usados en ejecuciones.
Para algunos defensores de la pena capital, las ejecuciones se parecen demasiado a un procedimiento médico.
La compañía india Kayem Pharmaceuticals también
ha informado que no venderá más thiopental sodium a las prisiones
estadounidenses.
No está claro por cuánto tiempo estará en el mercado el pentobarbital, el actual reemplazo de esa droga.
La única compañía aprobada por los reguladores
de drogas en Estados Unidos para comercializar ese sedante en el país,
el gigante farmacéutico danés Lundbeck, acaba de vender esa droga a la
compañía Akorn, con sede en Illinois. Akorn se comprometió a poner
restricciones al producto para que no termine en prisiones de estados
que aprueban la pena capital.
Ahora, los compradores deben firmar un documento
afirmando que utilizarán esa droga, usada normalmente para tratar la
epilepsia y otras condiciones, en sus propios pacientes y no la
revenderán sin autorización.
"Barbitúricos"
La dificultad para obtener estas drogas ilustra
los problemas inherentes a la inyección letal como método de ejecución,
dice Kent Scheiddeer, director legal de la Fundación Legal para la
Justicia Criminal, que apoya la pena de muerte.
"Se debe a un procedimiento que cada vez se vuelve más médico cuando no tendría que tener nada que ver con la medicina", agrega.
"Se supone que tiene que ser un castigo. Me
parece que estamos equivocados y ahora tenemos todas estas
complicaciones adicionales. Compañías, especialmente en Europa, tratando
de suspender la oferta e interferir así en temas que no son en absoluto
asunto de ellos", señala Scheidegger, quien no cree que las ejecuciones
se detendrán por la ausencia de drogas.
El abogado piensa que en las ejecuciones simplemente se pueden cambiar los ingredientes del coctel letal.
"Cualquier barbitúrico puede hacerlo", concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinion nos ayuda a crecer