"Es un trabajo como otro cualquiera. Si el cultivo de
marihuana va promover empleos, enviaré mi currículum. Yo trabajaba en
la construcción y llevo dos años desempleado, no quiero seguir en esta
situación”, le dice Domingo Mereso a BBC Mundo.
Él es uno de los habitantes de Rasquera, un
pueblo catalán de menos de mil habitantes, con una deuda que alcanza el
millón de euros.
Y su alcalde, el republicano Bernat
Pellisa, le cedió la gestión de siete hectáreas de terrenos a una
asociación pro cannábica con el objetivo de que ellos cultiven ahí la
hierba y genere empleo y riqueza en la población.
"Es una oportunidad para la región”, declaró en
su momento Pellisa, quien se ha hecho asesorar por abogados para saber
como implementar la iniciativa, propuesta por la Asociación Barcelonesa
Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), que tiene más de 5.000 socios.
Según la ABCDA, el plan cannábico anticrisis
daría empleo hasta a 40 personas, y supondría el ingreso de 54.170 euros
($71.505) al mes. Es decir, 1.300.000 euros ($1.716.069) en un periodo
de dos años.
El problema sin embargo, es que si bien la
plantación para autoconsumo es lícita en España, el artículo 386 del
código penal español prohíbe el cultivo, la elaboración o el tráfico de
drogas.
El gobierno español considera ilegal el proyecto y este viernes fue arrestada en Barcelona una encargada de la ABCDA.
Otros cuatro trabajadores de la entidad también fueron imputados por supuesto tráfico de estupefacientes.
Colisión
La interpretación de las leyes augura otros
choques legislativos. Pero el delegado del Plan Nacional sobre Drogas,
Francisco Babín, no duda de la ilegalidad de la medida.
Entre los libros de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo algunos querrían colar el Código Penal español.
"Una institución pública no puede aprobar una
iniciativa ilegal y que está en colisión con el código penal”, le dijo a
BBC Mundo.
"Y en caso de que se efectúen las plantaciones,
procedería la intervención de la fiscalía antidrogas y de los cuerpos de
seguridad del Estado”, aseguró Babín.
El cultivo del cannabis, sin embargo, está llegando a niveles institucionales en España.
El gobierno del País Vasco (norte) aprobó
recientemente en el parlamento, y por unanimidad, la elaboración de una
ponencia para regular las asociaciones de consumo de cannabis en con el
objetivo de alcanzar un marco de estabilidad y seguridad jurídica de
estas asociaciones. Además está preparando una nueva ley de adicciones.
De momento, el Ayuntamiento de Rasquera, deberá
esperar hasta el 29 de marzo para saber si podrán ejecutar este plan
anticrisis en los terrenos de la localidad.
Tienen que pasar 30 días de exposición pública
desde su aprobación en el boletín municipal. El periodo de alegaciones
estará abierto hasta ese día.
Atracción económica
"Nuestra asociación, sin ánimo de lucro,
pretende también luchar contra el mercado negro y demostrar que la
legalidad del cannabis puede ser beneficiosa para crear riquezas.
Pagaríamos los impuestos necesarios y se generaría empleo”, le dijo a
BBC Mundo el presidente de la ABCDA, que prefiere quedar en el
anonimato.
Todo esta listo en Rasquera como para empezar a cultivar, pero el proyecto no tiene aún la luz verde de todos los actores.
El alcalde destacó además que el control municipal de los cultivos evitará el tráfico ilegal de la sustancia.
El pleno del ayuntamiento aprobó con mayoría la
propuesta, pero la población parece estar dividida entre los que piensan
que es una buena opción y los que consideran que promueve el consumo de
drogas.
"Sobre todo las personas mayores piensan que
esto va a ser un foco de drogadictos, pero creo que la mayoría estamos
de acuerdo en que traerá bienestar”, dice Mereso.
"Desde luego hay cosas más malas, como trabajar en la central nuclear de Ascó (a 30 kilómetros del pueblo)”, considera.
El proyecto es único en España y Europa y, además de la atención de la policía, también ha capturado la atención internacional.
"La Universidad de Salamanca, el Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y asociaciones de enfermos de
cáncer y han mostrado su interés por este proyecto”, le dijo a los
medios el alcalde quien aseguró además que también se han puesto en
contacto con él desde Argentina, Estados Unidos, Alemania e Italia para
solicitarle información.
"Además he recibido la oferta de otros
proyectos, como el de la Asociación Independiente Recreativa de
Autorconsumo y Medicinal (Airam), y la de una empresa interesada en
montar una casa rural para enfermos de cáncer, fibromialgia y esclerosis
múltiple, para poder así hacer un uso terapéutico de la marihuana
cultivada en el pueblo”, añadió
"La forma en que el ayuntamiento gestionaría el
cultivo del cannabis sería a partir de una empresa pública que
alquilaría los terrenos a los particulares y después los realquilaría a
la asociación”, explica el presidente de la ABCDA.
"Así podríamos desarrollar nuestra actividad de
consumo propio asociativo con una plantación privada y por convenio
público, que nos enriquecería a todos”, considera.
El 10 de abril Rasquera celebrará un referendo
para conocer la opinión de todo el pueblo sobre este proyecto. La
policía ya dejó claro este viernes cuál es su opinión al respecto.
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