El trabajador de 52 años de edad trabajaba como chofer en la mina San José, en el norte de Chile.
Al igual que muchos en Chile (y en todo el mundo) siguió el rescate de los 33 hombres que habían quedado atrapados en la mina por un derrumbe desde el 5 de agosto.
Sergio —que no estaba de turno ese día— se siente aliviado de no haber tenido que pasar por lo que ellos tuvieron que soportar.
Pero ahora que los 33 han sido rescatados, cree que es tiempo que la gente se de cuenta de la incertidumbre que enfrenta él y los 265 trabajadores y los 200 subcontratistas que trabajaban en la mina San José.
"Enferma de preocupación"
"En este momento, simplemente no hay dinero..."
Sergio Malebran, trabajador
Gracias a la intervención del gobierno, les han pagado hasta el 8 de octubre.
Y en el último par de semanas, Sergio fue capaz de hacer algo de dinero extra llevando y trayendo a los periodistas de la mina. Ese dinero, dice, le durará hasta finales de mes.
Pero no tiene idea de lo que sucederá después. La mina está cerrada y se prevé que seguirá así en el futuro.
Además, no hay muchas oportunidades de trabajo en Copiapó, su ciudad natal, para un hombre de unos cincuenta años.
"Mi esposa está enferma de preocupación, tiene dolor de estómago y no puede dormir debido a toda la incertidumbre", dice.
Sergio trata de poner buena cara, pero si no llega dinero extra antes de noviembre, tendrá que vender su auto dejándola varada en la zona remota del desierto de Atacama en la que viven.
Sergio está aún más preocupado por su sobrina de 11 años de edad, Anita, de la que son responsables.
"Mire, mi esposa entiende, está preocupada pero sabe que tendrá que recortar", dice.
Pero Anita, explica, no va a entender que su tía y su tío no asistan a su visita mensual a La Serena, una ciudad cercana donde va a la escuela.
"Y en este momento, simplemente no hay dinero para viajar hacia allá", dice.
"Abandonados y engañados"
"¿Quién te va a querer dar crédito a sabiendas de que la mina cerró?"
Javier Castillo, representante sindical
El representante sindical Javier Castillo dice que casi todos los mineros de San José enfrentan problemas de dinero.
"Todos aquí vivimos al día", dice. "Nosotros compramos la mayoría de las cosas a crédito y ahora cuando digamos que trabajamos en San José, bueno, ¿quién te va a querer dar crédito a sabiendas de que la mina cerró?"
Castillo dice que el sindicato ha podido ayudar a algunos de los más afectados después de recibir una generosa donación del Sindicato Forestal y de Construcción, Minería y Energía de Australia (CFMEU por sus siglas en inglés).
Esto permitio que el sindicato pagara la factura de luz de un trabajador y la universidad de los hijos de otro, asegura Castillo.
Pero los fondos están agotados y con tantos de los miembros desempleados, no hay nuevos aportes.
Según la ley chilena, a los mineros se les debe pagar el salario de un mes por cada uno de los años que han trabajado para la compañía, como indemnización por despido.
Castillo dice que se les prometió que ese dinero llegaría en su cheque de pago final el 8 de octubre.
Pero como el futuro de la empresa propietaria de la San José sigue en suspenso (se ha pedido un reporte a un tasador para saber si debe ser declarada en quiebra), el pago se ha retrasado al menos hasta diciembre.
Castillo está furioso. "Necesitamos dinero para poner el pan sobre la mesa", dice.
"Para diciembre falta un largo camino e incluso si encontráraramos un nuevo trabajo de inmediato, no pagan hasta que se trabaje al menos dos semanas. ¿De qué se supone que debemos vivir mientras tanto? "
Él dice que los mineros se sienten abandonados, incluso engañados. Cree que el gobierno debería intervenir, pagar el dinero de la indemnización y recuperar los fondos de los propietarios de la mina.
"Ofertas interesantes"
Los mineros recibieron el aviso de cesación el 8 de octubre.
Pero el subsecretario de Seguridad Social, Augusto Iglesias, dice que no corresponde al gobierno pagar esos cheques.
Asegura que mientras las autoridades esten trabajando con el tasador para asegurarse de que los trabajadores obtengan la indemnización por despido que les corresponde, ellos no deben presionar o interferir.
El proceso tiene que seguir su curso. Mientras tanto, dice, el gobierno está ayudando hasta donde puede.
Se organizó una feria de trabajo para los mineros el mes pasado, a la que muchos de los principales empleadores de la región asistieron.
Iglesias dice que la cantidad de ofertas de trabajo que hubo en la feria "fue muy interesante", aunque cuando se le preguntó cuántos mineros habían sido contratados desde entonces, respondió que sólo entre 10 y 12.
Iglesias asegura que muchos de los mineros no estaban dispuestos a trasladarse a otras ciudades para trabajar.
"No es una crítica. Por supuesto que todos quieren trabajar lo más cerca posible de su hogar, pero eso les dificulta encontrar trabajo", explica.
Sergio Malebran dice que los empleadores estaban tratando de sacar provecho de los mineros desempleados, ofreciendo bajos salarios y deficientes condiciones de trabajo.
"Querían que nos mudaramos muy lejos, pero no querían pagar el alojamiento o los gastos de viaje", dice. "Eso no es aceptable."
Por supuesto que todos quieren trabajar lo más cerca posible de su hogar, pero eso les dificulta encontrar trabajo
Augusto Iglesias, subsecretario de Seguridad Social
Malebran reconoce que el gobierno está ofreciendo cursos gratuitos de capacitación a los mineros de San José. Una oportunidad que tomará, asegura, para pulir su curriculo.
Y, a diferencia de Castillo, no culpa al gobierno por su situación.
"Al final, es una empresa privada la que dirigía la mina San José, así que no podemos esperar que el gobierno pague los platos rotos", dice.
Entonces ¿qué va a hacer?, le pregunto.
"Tener fe", dice, "al igual que la tenían los 33 cuando estaban bajo tierra."
"No hay mucho más que podamos hacer."
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