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lunes, 16 de noviembre de 2009

EL CASO SOBEYDA.




 Por Jordy Veras
El autor es Abogado y analista politico de la television dominicana




El pueblo dominicano debe estar consciente de que el asunto del narcotráfico está más metido en las diversas instituciones del Estado y en la sociedad de forma tan influyente de lo que suponen muchos. 

El poder del narco ha crecido y tiene influencias en el poder político, legislativo, municipal; es capaz de comprar conciencia, intelectuales, periodistas, comunicadores, médicos, ingenieros, abogados, jueces, fiscales, militares, policías, entre otros, porque poseen la mercancía más apetecible que es el dinero y por mucho.





El caso Sobeyda es un nuevo escándalo ligado al lavado y al narcotráfico de los que tienen alta influencia de poder y lo que ha ocurrido desde el inicio así lo demuestra. 

Es bueno recordar que dicha señora se le liga con el boricua Figueroa Agosto, el cual había escapado de una cárcel de máxima seguridad de Puerto Rico y a quien le pertenecía el decomiso de los 4,5 millones de dólares.  

 La prófuga Sobeyda Felix Morel que pudo escapar  en avioneta privada, esto último según el Senador por Peravia, Wilton  Guerrero, tal denuncia esta ligada a lo que se filtró de las investigaciones de que un vendedor de periódicos fue testigo de cuando  a Sobeyda la montaban en una Yipeta BMW negra desde el salón donde se encontraba.





Ahora bien, este caso de la ya señalada mujer, ha traído graves consecuencias que responsabilizan muchas instituciones y poderes del Estado. 

Estamos convencidos de que la Magistrado Rosanna Vásquez Febrillet, no actuó movida por motivaciones de corrupción o de tomar sumas de dinero o de que fue comprada. 

Sin embargo, si bien utilizó, como expresamos, los mecanismos que ofrece la ley, dejo de lado otros mecanismos que ofrecía el mismo código y sin embargo se decidió por la libertad. 

Además, dejo de lado lo que llamamos el sentido común, el elemento de la prudencia para con una mujer que ha sido ligada a una cantidad de dinero injustificable y a un narco prófugo en el momento de la revisión de la coerción. 





El hecho ha causado tanta indignación que el Presidente de la República tuvo que pronunciarse e indicó que las condiciones en que la joven Sobeyda pudo escapar es una “burla a la sociedad” e indica que la responsabilidad es de la judicatura dominicana, eso es una verdad a medias. 

  Si bien es cierto como indicamos que la Magistrada debió asumir otra actitud y decisión, no menos cierto es que hoy no podemos estigmatizar a dicha Jueza como si fuera la única responsable.  

 Es necesario atribuirle también la debilidad de los cuerpos de seguridad para evitar una posible salida o escape de Sobeyda Felix.  Los organismos de control y de seguridad nueva vez fallaron, ya que lo hicieron también con Figueroa Agosto.





El Presidente tuvo que reunirse con los cuerpos de seguridad del Estado y recordarles a los altos mandos oficiales de que era imprescindible que actuaran y que la señora Sobeyda Felix apareciera. 

Es posible que el primer mandatario desee realmente enviar un mensaje a sus subalternos e indicarles que realmente el gobierno tiene la voluntad de enfrentar el problema que le ha sobrevenido con dicha fuga y de que la opinión pública no ligue al propio gobierno en tal “descuido”, luego del yerro de la magistrada.





El escuchar al primer mandatario tratar el tema y realizar una reunión con los mandos militares y de seguridad del Estado y hacerlo como preocupado, es posible que sea una sorpresa.  En un país donde el mandato y el poder del Presidente es primero a todo, no existen instituciones ante el mismo. 

  Es el primero que alega, volvemos y repetimos con razón, de que es una burla para la sociedad y de que fue responsabilidad de la judicatura la huida de Sobeyda, está haciendo un ejercicio de cierta irresponsabilidad, porque se sorprende de hechos que el mismo conoce. 

Esta consciente como hombre bien informado de cómo van las cosas en este país, no solamente en el ámbito del narcotráfico, sino también de la corrupción pública y de la descomposición misma del entorno social. 





No es él parte de esa misma descomposición cuando aplica y ejerce la politiquería o cuando fue capaz de brindar el indulto a favor de la Lubrano y de la gente del Renove, para luego nombrar como asesor de Transporte a uno de éstos últimos.   No conoce el mandatario de lo que hizo el ministerio público en el caso de los cupones de gas y Angel Lockward cuando renunció a su acción en su contra.   Lo mismo en el caso Baninter, cuando hubo una orden al Ministerio Público que conocía del caso de que variara sus conclusiones respecto al Listín Diario y de que no recurriera en Casación y evitar el aumento de la pena a Báez Figueroa.  Y en esas ocasiones la Judicatura no hizo su trabajo, claro que sí.  Sin embargo, en esa oportunidad, que también causa indignación igual o mayor que la decisión de la Jueza Febrillet, no fue una burla para el pueblo dominicano dicha acción del Ejecutivo, claro,  pero no había problema porque el Presidente había actuado movido por la sensibilidad y si bien no había droga envuelta en el caso, sin un acto de corrupción privada con dinero público. 





Lo que hoy vemos con en el caso de Sobeyda Félix es posible que sea el resultado del mal ejemplo y mensaje distorsionado que desde el poder se envía cuando no se actúa enfrentando la corrupción y los demás fenómenos sociales.  Es el producto de la propia descomposición.  





Nos estuvimos de acuerdo con la decisión de la Magistrada ya señalada, sin embargo, no podemos permitir que solamente se quiera hacer ver a la población con la opinión del Presidente de que el problema que hoy sufrimos sea consecuencia de la Judicatura y de que en el caso de Sobeyda sea un poder del Estado el responsable. 

El caso de Paya está ahí y fue al mismo Procurador General de hoy que Wilton le denunció lo que ocurría en Paya, Baní y nada hizo y por esta inacción que le hizo el mandatario a su funcionario nada, entonces detrás del caso de Sobeyda lo que hay es la muestra de debilidad  que tenemos como Estado, no de una institución en particular.





El caso Sobeyda ojala y sea el inicio de que cada quien asuma su papel y responsabilidad, desde el Presidente hasta el funcionario menor.  Así como del ciudadano más rico hasta el más pobre.














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