Hay un país en la periferia de Europa que parece
haber encontrado la salida a la crisis lejos de los paquetes de rescate a
la banca y de la doctrina del "demasiado grande para caer". Un país en
que la crisis financiera golpeó de lo más duro y los políticos rinden
cuentas ante la justicia: Islandia.
Islandia es una isla-estado en el Atlántico
Norte que durante años fue un paraíso de las libertades financieras y
campo abonado de la especulación. En 2008, resultó uno de los más
golpeados con el estallido de la crisis financiera internacional.
Y en contraste con prácticamente el
resto del mundo, Islandia lejos de optar por los paquetes de rescate y
la austeridad, buscó una salida de la crisis en dejar caer a la banca y
llevar a políticos y banqueros a la justicia.
Desde este lunes se sienta en el banquillo de
los acusados el ex primer ministro Geir Haarde, conservador, de 61 años y
jefe de gobierno entre 2006 y 2009. Los cargos: negligencia en la
crisis financiera.
Haarde, que considera el juicio una farsa y una
persecución política, carga ya con la etiqueta de ser primer líder
mundial que enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en
la crisis.
Liberalización financiera
La explicación del abrupto hundimiento de la
economía islandesa hay que buscarla en 2001, cuando se introdujeron
fuertes reformas de desregulación del sector bancario en las que se
incluyeron medidas como la autorización para permitir su endeudamiento
en la adquisición de empresas extranjeras.
"Se hace virar más rápido un bote pequeño que un barco grande"
Steingrimur Sigfusson, ministro de Finanzas de Islandia
La crisis estalló cuando los bancos resultaron
incapaces de refinanciar su deuda. Debían hasta US$200.000 por cada uno
de los 300.000 habitantes de la isla. El gobierno acudió al FMI para
pedir US$2.000 millones.
El Producto Interno Bruto cayó un 7%, la
inflación se disparó hasta el 12%, cifra similar a la subida de los
tipos de interés. La moneda local -la corona- se desplomó
Los ciudadanos comenzaron a pagar los platos
rotos: desempleo y ejecuciones hipotecarias. Las protestas no se
hicieron esperar y terminaron con el gobierno de Haarde.
El nuevo Ejecutivo optó por dejar caer a los
bancos, nacionalizándolos para salvaguardar los ahorros de los
ciudadanos y congelar el pago del 100% de la deuda con inversionistas
extranjeros.
Muchos de sus clientes estaban en Holanda y
Reino Unido. Esos gobiernos optaron por hacerse cargo de los ahorros
perdidos por sus ciudadanos y reclaman a Reykiavik hasta US$5.000
millones. Las idas y venidas diplomáticas no han terminado.
Cuestión de tamaño
El relativo éxito de Islandia para encarar la
salida de la crisis la explica el ministro de Finanzas, Steingrimur
Sigfusson, por el tamaño de su economía. "Se hace virar más rápido un
bote pequeño que un barco grande", le dijo a la BBC.
Y la agencia de calificación de riesgos Fitch
elevó recientemente la nota de Islandia un escalón hasta BB+, "grado de
inversión". Dejó así de ser "bono basura".
Fitch justificó su decisión como "un reflejo del
progreso hecho para restaurar la estabilidad macroeconómica, impulsando
reformas estructurales y reconstruyendo la solvencia de su deuda
soberana". Islandia creció en 2011 al 3%.
La caída del valor de la corona hizo sus
exportaciones más competitivas. Además, en 2009, el nuevo gobierno
siguió emitiendo deuda y gastando durante un año hasta que comenzaron a
implementar recortes.
Esto contrasta con el caso de los países de la
eurozona con problemas en sus cuentas públicas, que por estar en el euro
no pueden devaluar su moneda y se han visto abocados a fuertes recortes
y medidas de austeridad al solicitar ayuda al FMI y la Unión Europea.
Recientemente, la agencia de calificación de
riesgos Fitch rebajó además la nota de cinco países europeos, entre
ellos Italia y España. Standards & Poor hizo lo propio con nueve,
incluida Francia.
El juicio
El ex jefe de gobierno es visto por muchos como
el símbolo de la burbuja económica islandesa que disparó el desempleo,
los desahucios y la inflación con el colapso de los tres principales
bancos comerciales.
La deuda de las entidades era varias veces el tamaño de la economía del país.
Haarde se enfrenta a la acusación de negligencia
ante el Landsdómur, corte especial para procesos que afectan a miembros
del gobierno y que en 106 años de historia no había actuado nunca.
El juicio fue impulsado por el Althingi
(parlamento), que votó en 2010 por 33 votos contra 30 dio luz verde a
que el anterior jefe de gobierno fuera llevado a los tribunales.
"Rechazo todas las acusaciones y creo que no tienen base", dijo Haarde ante el tribunal.
El trabajo de la Fiscalía es demostrar que sus
decisiones provocaron efectivamente que se derrumbara la economía del
país, mientras la defensa se basa en la imposibilidad de intervenir en
la actividad de los bancos y en que la crisis islandesa estuvo
relacionada con la internacional y que no había forma de haber previsto o
haberla prevenido.
Pero en las últimas semanas parece haber decaído
el fuerte apoyo popular con que contaba el juicio a finales de 2010,
cuando dos de cada tres islandeses lo apoyaban. Los últimos sondeos
apuntan a un empate entre partidarios y retractores.
El proceso también ha sido criticado por el
hecho de que Haarde es el único político procesado. Algunos señalan
también a los socialdemócratas, actualmente en el poder y en 2008 parte
de la coalición de gobierno, y al primer ministro entre 1991 y 2004,
David Oddsson, impulsor de la drástica liberalización del sector
financiero que muchos apuntan como causa de la crisis.
Pese a todos los procesos abiertos, las primeras
condenas no se impusieron a políticos ni banqueros. Cuatro ciudadanos
fueron sentenciados el año pasado por haber entrado ilegalmente en el
parlamento durante las protestas de finales de 2008.
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