Perú se debate entre el oro y el agua

El proyecto de inclusión social que ofreció en su campaña electoral el presidente de Perú Ollanta Humala se enfrenta en Cajamarca con una dura prueba, en la que debe equilibrar las necesidades del desarrollo económico con el respeto a las derechos de las comunidades y a los compromisos con inversionistas extranjeros.

Hace poco más de una semana, Humala trató nuevamente de asegurar al pueblo peruano y a inversores extranjeros que, bajo su liderazgo, las empresas mineras podrían seguir teniendo rentables ganancias sin afectar a las comunidades preocupadas por los impactos de las actividades extractivas.

"La minería no ha cumplido con el rol social de atender a las comunidades y ese abuso ha generado un clima de desconfianza," dijo el mandatario peruano el 24 de noviembre.

"Ese clima nos polariza y nos divide entre oro o agua. (…) Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez."

Perú tiene una tradición minera centenaria, y la minería sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país. Pero eso tiene un coste social y medioambiental.

Protestas heredadas

Cuando Humala tomó la presidencia en julio, heredó docenas de conflictos de pobladores que rechazan la explotación minera y temen por la contaminación de sus tierras.

Las protestas solían resolverse con le envío de militares y la restrición de las libertades civiles, pero el mandatario prometió un cambio radical de ese pasado.

Sin embargo, después de 11 días de una huelga en rechazo a un gigantesco proyecto minero en la región norteña de Cajamarca – la mayor inversión en la historia del país- y violentos enfrentamientos entre policía y comuneros, el presidente siguió los pasos de sus antecesores y declaró estado de emergencia.

"El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada," dijo Humala en un mensaje a la nación el domingo por la noche.

Cuestión de confianza

El presidente Humala tuvo que decretar estado de emergencia para controlar las protestas.

Por 60 días los pobladores cajamarquinos no podrán reunirse o transitar libremente en el territorio. Las fuerzas armadas, además, apoyarán a la policía en el control del orden público.

Con un coste de US$ 4.800 millones, el proyecto Conga de extracción de oro y cobre, cuya socia mayoritaria es la empresa minera estadounidense Newmont, prevé secar cuatro lagunas andinas y remplazarlas con reservas de agua artificiales.

Pese a que ya se hizo y fue aprobado un estudio de impacto ambiental, los manifestantes temen que dicho proyecto llevará a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua utilizadas para la agricultura y la ganadería.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, cree que el gobierno debería antes que todo restablecer la confianza entre la población y la empresa minera.

"Es posible tratar de encontrar condiciones en la cuales la actividad minera en una zona como Cajamarca pueda desarrollarse," dijo del Castillo a BBC Mundo.

"Pero antes del inicio de esta paralización, el gobierno señaló que el proyecto seguiría adelante de todas maneras. Creo que esto detonó la protesta última en la forma en que la hemos visto. No fue la respuesta más flexible."

Transformación necesaria

El equilibrio entre lo ambiental y lo económico es la clave para superar el conflicto en Cajamarca.

Sin embargo, Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, no cree que el gobierno haya sido intransigente con el proyecto Conga, sino que el presidente hizo promesas electorales que no son viables.

"Hay videos donde Ollanta Humala candidato apoyaba la defensa del tema ambiental en contra de la minería," dijo Santillana a BBC Mundo.

"Pero el Ollanta Humala presidente se ha dado cuenta que tiene que ser responsable por la vida de 30 millones de personas".

"Él quiere hacer una gran transformación. Y para hacer esa transformación, se necesitan recursos fiscales y altas tasas de inversión privada de capital peruano y extranjero en la economía nacional. Entonces, no se puede estar en contra de proyectos mineros como si al Perú le sobrara la plata."

Un tercio de la población peruana aún vive en pobreza, y el presidente ha prometido una redistribución de las ganancias mineras para que beneficien mayormente a los sectores marginados.

Alternativas

Sin embargo, según Jorge Chávez Granadino, investigador del Foro Nacional Internacional, una ONG que promueve la gobernabilidad democrática, Perú debería apostar a dar un salto adelante como otros países, para no tener que seguir dependiendo tanto de la minería y así evitar los conflictos sociales que esa genera.

"Costa Rica es un país que ha tomado la opción a orientarse a ciertos servicios – ambientales, turísticos y tecnológicos," dijo Chávez Granadino a BBC Mundo, "y está pudiendo dejar incluso actividades mineras para dedicarse a lo otro con rentabilidad."

"Siempre es posible pensar en esta alternativa" la cual, según el analista, tardaría entre 20 y 30 años en desarrollarse.

"En el corto plazo, tenemos que ver cómo ordenamos esta transición", afirmó Chávez Granadino, quien es asesor en temas de relación comunitaria y responsabilidad social para sectores extractivos.

Chávez Granadino, como muchos otros, exhorta al diálogo y estima que "si un sector tiene que bajarse de nivel en el corto plazo para sostener el largo plazo, va a tener que hacerlo."

"Pero no a cualquier costo," concluyó.