Los Ángeles (EFE)- Los errores y las
irregularidades fueron comunes en la deportación de muchos inmigrantes
en EE.UU., así como las "prácticas secretas y violaciones sistemáticas
de los derechos fundamentales de los inmigrantes", según un informe
presentado hoy.
El estudio "Deportación sin el Debido Proceso" realizado por
profesores de Stanford Law School, Western State University College of
Law y abogados del National Immigration Law Center (Nilc), analizó miles
de documentos que el Gobierno nunca antes había dado a conocer.
"Este reporte sintetiza información obtenida de miles de documentos
que no habían estado antes a disposición de la opinión pública", señaló
Jennifer Lee Koh, directora de la Clínica de Inmigración de Western
State University y directora del informe.
La abogada señaló que durante los pasados 10 años, a través del
programa de "Remoción Estipulada" (Stipulated Remotion, en inglés) -por
el cual un inmigrante acepta ser deportado sin comparecer ante un juez-
las autoridades deportaron más de 160.000 extranjeros, "sin darles ni
siquiera la oportunidad de un día en la corte".
El informe -que analizó más de 20.000 páginas de documentos recibidos
como consecuencia de una demanda presentada por el Nilc y Stanford Law
School en 2010- destacó que el 96 % de las personas que firmaron su
aceptación de "deportación voluntaria", no contaban con la asesoría de
un abogado.
"Estas personas no tenían idea lo que era la orden de deportación que
estaban firmando", argumentó Karen Tumlin, abogada de Nilc y coautora
del reporte al presentar hoy las conclusiones.
La abogada igualmente destacó que muchos de ellos -la gran mayoría
hispanos- no entendían inglés y no podían pagar un abogado, con lo cual
la firma de la orden violaba sus derechos fundamentales y en realidad no
era voluntaria.
"Si las personas rehusaban firmar, las amenazaban con enviarlas a la
cárcel y los presionaban diciéndoles que tenían muy poca oportunidad de
permanecer en el país. Tampoco recibían una copia del documento",
añadió.
Adicionalmente, la investigación encontró que una traducción en
español que se entregaba a quienes no hablaban inglés -utilizada en el
sur de California y posiblemente en todo el país- estaba "en un español
incorrecto, repleto de frases engañosas y confusas" y contenía
"información incorrecta e incompleta".
Para Jayashri Srikantiah, profesora de leyes y directora del Centro
Nacional de Leyes de Inmigración de Stanford Law School y coautora del
estudio, es necesario corregir la situación siguiendo las
recomendaciones del informe.
"Primero que todo, a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no se
le debe permitir que siga presentando la alternativa de 'deportación o
cárcel', especialmente para aquellas personas que no tienen la
representación de un abogado" señaló Srikantiah.
Asimismo, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Eoir) debe
requerir a los jueces que tengan una audiencia en persona con los
inmigrantes que no cuentan con un abogado, antes de que éstos firmen la
orden de deportación voluntaria.
El estudio también recomienda que se establezca un período de 72
horas desde que el inmigrante firme la orden de deportación y el juez la
apruebe, dándole así a los detenidos la oportunidad de consultar con un
abogado.
Para evitar que el desconocimiento del idioma ponga en peligro la
transparencia del proceso, "los formularios deben estar adecuadamente
traducidos en diferentes idiomas y a los detenidos que no hablan inglés
nunca se les debe ofrecer la deportación (voluntaria) sin la presencia
de un intérprete calificado", agregó Srikantiah.
El reporte finalmente recomienda prohibir a las autoridades de
inmigración el uso de la remoción estipulada, "en los no ciudadanos que
son vulnerables y en aquellos con fuertes lazos en EE.UU.", incluyendo
-como mínimo- a los niños, a las personas con limitaciones mentales y a
los residentes legales.
Según estadísticas de la ICE, para el período fiscal 2010, las
autoridades deportaron más de 392.000 inmigrantes de los cuales cerca de
195.000 no tenían antecedentes delictivos.
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