España tiene sus esperanzas puestas en una reforma
laboral para "torear" el problema económico que más acucia a los
ciudadanos: el desempleo que afecta al 22% de la población activa.
El gobierno quiere reformar de forma urgente la
ley y promete que será "muy flexible" con los contratos temporales.
Pero, la Comisión Europea advierte que podría repercutir en el
empobrecimiento y la precarización de los trabajadores.
El nuevo ejecutivo que preside
Mariano Rajoy insiste en que sólo una reforma laboral podrá salvar el
mercado de trabajo español y que ésta se llevará a cabo "a ser posible"
de acuerdo con los agentes sociales.
La patronal y los sindicatos mayoritarios son
los únicos invitados a la mesa y tienen de plazo hasta la semana próxima
para presentar el fruto de sus negociaciones aunque el ejecutivo se
reserva la capacidad de llevar la reforma a cabo sin el consenso social.
Sin embargo, todas las medidas tomadas los meses
anteriores y las que se prevén en esta reforma son sobre las que alerta
la Comisión Europea en un informe publicado a mediados de diciembre.
Ese informe indica que la legislación es
"altamente protectora" con el empleo fijo pero "muy flexible" con el
temporal que provocaría un aumento continuado de la tasa de pobreza
entre los trabajadores.
Las cifras españolas no son baladíes. Se trata,
según datos de la OCDE, del país de la eurozona con mayor índice de
desempleo en términos relativos y absolutos: el 22,8% de la población
activa, que se traduce en 5,32 millones de personas. Además, es el más
precarizado y con mayor desempleo juvenil, que dobla la media europea y
afecta al 49% de los menores de 26 años.
Preparando el terreno
El nuevo gobierno ha señalado que los ajustes anunciados hasta ahora son sólo el "inicio del inicio".
La primera comparecencia ministerial tendió los
raíles de la política del nuevo gobierno. "El inicio del inicio" de los
recortes, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Entre ellos, la congelación del salario mínimo
interprofesional en 641,40 euros (unos US$820) al mes (o 30,39 euros
-unos US38$- por jornada en el caso de los contratos eventuales y 5
euros -más de US$6- a la hora en empleados del hogar).
También se congelará el salario de los
funcionarios, que ya se había rebajado el año anterior y cuya jornada
laboral se incrementará. Además, no se reemplazarán las bajas de los
empleados públicos excepto en el 10% de las vacantes en educación,
sanidad y fuerzas de seguridad del estado.
Si bien el Banco Central Europeo y la patronal española han recomendado adoptar la fórmula alemana de los minijobs
(contratos de baja remuneración y máximo de 15 horas semanales), la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, los ha descartado, aunque ya existen
contratos muy similares en España.
Los sindicatos ya han advertido de que una nueva
reforma del mercado de trabajo no contribuirá a crear empleo ya que los
empresarios no tendrán necesidad de contratar trabajadores a menos que
se reactive la economía.
Mientras, la patronal se queja de la rigidez del
sistema actual y aboga por crear nuevos tipos de contratos menos
estables, abaratar el despido y hacer desaparecer los convenios
colectivos por sectores.
"Ni esta ni ninguna reforma va a vencer el paro,
sólo se conseguirá profundizar en la crisis, deteriorar las condiciones
de trabajo y llevar al país a la precarización absoluta", explica a BBC
Mundo el presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales, una
organización de tendencia de izquierdas, el economista Alberto Montero.
"El secreto pasaría en primer lugar por la
inversión pública en contratación y, a partir de ahí, reconducir el
tejido productivo", añade. Algo que no parece muy probable teniendo en
cuenta la reducción del sector público que ha presentado el gobierno.
Becario para siempre
"Ni ésta ni ninguna reforma va a vencer el paro, sólo se conseguirá profundizar en la crisis, deteriorar las condiciones de trabajo y llevar al país a la precarización absoluta"
Alberto Montero, del Centro de Estudios Políticos y Sociales
Sin derechos laborales ni presencia en las cifras de desempleo, los becarios en prácticas son los grandes olvidados.
La mayoría cubren en realidad puestos de
trabajo, ya han terminado los estudios y se matriculan en asignaturas y
cursos para prorrogar la beca o enlazar con otra, lo que supone un uso
fraudulento de lo que debería ser la iniciación al mercado laboral.
Las leyes no solo no tratan de regularizar su
situación para que consoliden sus puestos de trabajo sino que se crean
nuevas figuras que la perpetúan.
El anterior gobierno socialista ya amplió el
contrato de formación hasta los 30 años, o bien discapacitados de
cualquier edad, sin cotización a la seguridad social, sin prestación de
desempleo y sin indemnización por despido, cuando a los 21 años se puede
tener finalizados estudios universitarios en España.
La patronal propuso además la recuperación de la
figura de aprendiz bajo el nombre de "prácticas no laborales" para
trabajadores menores de 25 años por 426 euros (US$544) mensuales
(inferior al salario mínimo) sin cotizaciones sociales ni vacaciones.
Tomás Muñoz, de la plataforma Juventud Sin
Futuro, sostiene que "con sueldos mínimos o inexistentes, jornadas
extensas o incluso sin horarios, y con las mismas exigencias de trabajo y
responsabilidad que los asalariados pero sin seguro médico ni derechos
laborales, está claro que el becario es la figura perfecta para ahorrar
costes y sacar adelante el trabajo".
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