La Fiscalía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) realizarán operativos contra los comerciantes que alteran los precios en las tarjetas de llamadas telefónicas.
Miembros del Ministerio Público y personal de Pro Consumidor acudirán a los establecimientos a detectar a los comerciantes que venden las tarjetas de llamadas a sobreprecios y los someterán a la justicia.
El plan incluirá apoyar a Pro consumidor en las citaciones de los proveedores vía actos de alguacil a través del centro de citaciones del Distrito Nacional.
“Se ejecutaran acciones procesales ante la Justicia contra los comerciantes que vulneran los derechos económicos de la población”, dijo la directora de Pro consumidor.
Aplicarán una política preventiva contra las infracciones de la Ley 358-05 y se llevará a efecto un plan de capacitación conjunta para los Jueces de Paz y Fiscalizadores.
Las acciones conjunta fueron acordadas por el fiscal del Distrito, doctor Alejandro Moscoso Segarra y la directora de Pro consumidor, licenciada Carmen Meléndez, durante un encuentro en el despacho del fiscal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Durante el encuentro fue presentada la fiscal adscrita a Pro Consumidor, licenciada Yvelia Batista Tatis, quien asistirá en ese sentido la entidad garantista de los derechos del consumidor y coordinará las acciones del Ministerio Público en todo el país.
Según el acuerdo firmado entre Pro Consumidor y la Procuraduría General de la República, la fiscal designada tendrá la responsabilidad de poner en movimiento la acción pública ante evidencias de violación a las disposiciones de la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario.
Tanto la directora ejecutiva de Pro Consumidor como el fiscal Moscoso Segarra estuvieron de acuerdo en implementar una campaña de orientación y concientización a la población sobre la importancia de que defiendan sus derechos ante a los proveedores y usen todas las herramientas legales que la ley pone a su disposición.
De igual modo, coincidieron en que esas acciones institucionales deben abarcar jornadas de orientación a los comerciantes, de modo que no aleguen ignorancia ante la ley y puedan desarrollar sus actividades con la debida responsabilidad.
Pro Consumidor, a través la licenciada Meléndez, planteó al fiscal Moscoso Segarra la necesidad de resolver lo referente a las citaciones por medio de actos de alguacil, previsto en la Ley, en el sentido de que la implementación para los usuarios debe ser un procedimiento corto y gratuito.
De igual modo, la funcionaria abordó al magistrado Moscoso Segarra en la necesidad de agilizar los procesos y de establecer facilidades que permitan la conclusión satisfactoria de los mismos.
De su lado, el magistrado fiscal del Distrito Nacional se mostró receptivo y planteó que está dispuesto a prestar la debida colaboración al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor.
“Es necesario fortalecer esta relación, ya que tenemos que trabajar en conjunto, la competencia del Ministerio Público y los fiscalizadores que trabajaran estos temas”, manifestó.
El magistrado Moscoso Segarra fue también receptivo con la directora ejecutivo de Pro Consumidor, al plantearle la necesidad de iniciar un taller de capacitación en materia Derechos del Consumidor y temas afines para los fiscalizadores, con el apoyo del Comisionado de Apoyo a la Reforma de la Justicia.
Durante el encuentro el fiscal dijo que Pro Consumidor contará con el apoyo del Ministerio Público en las incautaciones de enlatados, alimentos y productos de cualquier naturaleza que se encuentren vencidos en establecimientos comerciales.
Fuente : El Nuevo Diario
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