Bahía de los Buitres

Por Fernando Rodríguez Cespedes.

La decisión del Gobierno de reconocer como válidos los fraudulentos  títulos de propiedad  en  Bahías de las Águilas,  representa una abominable medida legitimadora  del caos y el desorden institucional que han protagonizado personeros de los tres partidos mayoritarios del país en provecho propio y de allegados, en perjuicio del  patrimonio nacional.

El pobre alegato de que se busca con esto  contribuir al desarrollo de la región Sur del país, se queda corto ante la exuberante belleza de esta marginada zona  poseedora de otros muchos lugares, sin conflictos legales, que debieran concitar igual atención del Ejecutivo para iniciar el esperado despegue turístico de esta deprimida región del país.

Ante la barbaridad que representa la decisión  del presidente Danilo Medina y las implicaciones de la misma,  irrespetando al Poder Judicial y favoreciendo a probados saqueadores de los bienes públicos, prefiero creer que el primer mandatario ha sido sorprendido en su buena fe por gentes de su entorno.

El calificativo de "valiente" otorgado lisonjeramente al Presidente por legitimizar, las espurias maniobras de un grupo de vándalos constituidos en asociación de malhechores para despojar al Estado de las codiciadas tierras de una de las zonas más hermosas del país, constituye una vergüenza.

Valiente  hubiera sido, que el Estado, cumpliendo con su deber de preservar los bienes públicos, accionara todas sus instancias a fin de que los tradicionales buitres, enquistados en los partidos, en las instituciones públicas y en la actividad del  lavado, fueran derrotados en sus pretensiones de apropiarse de una parte tan importante del patrimonio público.

Y más, después que el senador y ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Winston Guerrero, revelara un listado de favorecidos que incluye a un  ex lugarteniente del famoso narcotraficante José Figueroa Agosto, quien también fue favorecido en Bávaro con cientos de tareas de tierra en base a una maniobra similar a la usada en Bahía de Las Águilas.

A todo esto se suma la denuncia hecha, conjuntamente, por la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el sentido de que dos de las parcelas contempladas en el poder especial 7-13  del Ejecutivo para ser negociadas con los "compradores de buena fe", se encuentran, "por un error de cartografía",  ubicadas dentro de la zona protegida del Parque Nacional Jaragua y en las costas de Bahía de las Águilas.

Existen otros muchos elementos que podrían esgrimirse en contra de este pretendido crimen contra el patrimonio nacional, pero se abre una brecha de esperanza después que el presidente Medina sostuviera una reunión con varios directores de medios y al final les expresara que nada es definitivo en torno al expediente.

Confiamos en que después de este encuentro con estos prestigiosos periodistas y otras personalidades e instituciones defensoras del patrimonio nacional y el adecentamiento de nuestra sociedad, el Presidente  cambiará de actitud y hará lo que corresponda a los mejores intereses del país.