SANTO DOMINGO.- La República Dominicana
solicitó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que no convoque más audiencias temáticas para abordar el tema la
nacionalidad dominicana, por entender que el Estado le ha proporcionado
respuestas con suficiente fundamento jurídico y con base en el respeto a
los derechos humanos y al principio de soberanía de los Estados.
Durante una audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos, el
Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), embajador Roberto Saladín, defendió la
autonomía, calidad y capacidad del país para determinar, de acuerdo a
sus leyes, quiénes adquieren la nacionalidad dominicana y quiénes son
considerados extranjeros.
Fue categórico al señalar que tanto la
Constitución Dominicana como la Corte Constitucional establecieron
claramente que “todo extranjero que se encuentre en territorio
dominicano y que no gozare del estatuto migratorio de residente legal es
una persona en situación de tránsito”, por lo que no le corresponde la
nacionalidad dominicana.
En ese contexto, Saladín explicó que “las madres
que ingresan de forma irregular al país y que en ese ínterin, alumbran a
una persona, la criatura no adquiere la nacionalidad dominicana, pues
nace fuera de las categorías previstas en la Carta Magna para tales
efectos”.
Sostuvo que en un Estado de derecho, la persona
que viola los parámetros jurídicos para ingresar al país como
inmigrante, carece de calidad legal para exigirle a ese mismo sistema
institucional el otorgamiento de su nacionalidad.
En cuanto al alegato presentado por varias
organizaciones que trabajan con el tema de los inmigrantes haitianos,
sobre la denegación de solicitud de amparo de parte de los tribunales
nacionales, indicó que en el país no existe una política discriminatoria
donde se clasifique quiénes pueden o no acceder a la justicia.
Emplazó a las organizaciones de la sociedad civil
que emiten comentarios de esa naturaleza a que demuestren con pruebas
fehacientes, escritas o grabaciones, que algún empleado judicial le haya
expresado a una persona de descendencia haitiana o nacional haitiano
que no le recibiría su acción de amparo por su procedencia.
Con relación al argumento de la no ejecución de
las sentencias que favorecen a los accionantes, el Ministerio de
Relaciones Exteriores manifestó, vía su Representante Permanente en la
OEA, que las mismas aún no obtienen la decisión de la cosa
irrevocablemente juzgada, porque han sido objetos de recursos ante las
instancias jurisdiccionales superiores.
Durante la audiencia temática, que no tiene
consecuencias para ninguno de los participantes y que de acuerdo al
artículo 62 del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, tiene por finalidad recibir información de las partes con
relación a alguna petición relacionada con los derechos humanos, Saladín
planteó al órgano internacional la siguiente solicitud:
“La República Dominicana solicita a la Honorable
Comisión, con mucho respeto a su autonomía e independencia, no continuar
convocando a audiencias temáticas sobre el tema de la nacionalidad, el
cual entendemos ha sido suficientemente debatido en más de cinco
oportunidades”.
De igual manera, al pronunciarse en otra audiencia
sobre el derecho a la seguridad ciudadana en la República Dominicana,
Saladín indicó que las instituciones del gobierno se empeñan cada día en
brindar seguridad ciudadana, pero a la vez se ocupan de propiciar un
clima de respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de
las personas.
Indicó que se establecen mecanismos para
concienciar a los prestadores de servicios de seguridad pública sobre la
importancia del respeto de estas prerrogativas del ciudadano y se ha
instaurado un sistema de consecuencias para las violaciones que puedan
producirse de las mismas.
Explicó que aunque en los últimos años el país ha
sido afectado por la incursión de grupos criminales que han tomado la
nación como puente de trasiego y que como consecuencia se generan
acciones violentas y enfrentamientos, se han adoptado políticas de
Estado tendentes a contrarrestarlos.
Recordó que el Presidente Danilo Medina anunció la
puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Ciudadano como paso
previo a un plan integral que como política de Estado se diseña para
atacar de manera simultánea la delincuencia y sus causas.
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