Representantes de las víctimas del caso "Tide
Méndez y otros contra República Dominicana" denunciaron hoy la
existencia de un "patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o
de ascendencia haitiana" en el país caribeño entre 1994 y 2000.
"Las expulsiones de las víctimas de este caso no
son hechos aislados", dijo Paola García Rey, del equipo de la defensa,
ante los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH).
En la presentación hoy de los alegatos finales de
la audiencia pública del caso, García Rey sostuvo que, "de acuerdo con
la prueba presentada a lo largo de este proceso, entre 1994 y 2000 (...)
existía un patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de
ascendencia haitiana en República Dominicana".
Citó la declaración de la coordinadora del Centro
de Observación Migratoria y Desarrollo Social, Bridget Gooding, quien
ayer estimó que en ese periodo hubo alrededor de "30.000 expulsiones de
este tipo al año".
García Rey recordó que al Estado le corresponde demostrar que los hechos no sucedieron, no a las víctimas.
"El Estado se ha limitado a negar los hechos, sin
embargo, no ha presentado ninguna prueba de descargo", apuntó, y lo
justificó en el hecho de que "no existe ningún registro oficial de estos
acontecimientos".
En representación de las víctimas, Francisco
Quintana, abogado del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional
(Cejil), explicó que este caso "se refiere a la discriminación racial
estructural e institucional que existe en República Dominicana".
"Esta situación afecta a la población negra y, de
manera específica, a los dominicanos y dominicanos de ascendencia
haitiana, y a los migrantes haitianos en territorio dominicano", indicó.
Recordó que de las 27 víctimas implicadas en el
caso "Tide Méndez", 22 de ellas eran dominicanos y las 5 restantes
personas nacidas en Haití.
"Es importante señalar que 12 de ellas eran niños y niñas en el momento de la expulsión", apuntó el activista.
Además, aseguró que "entender la discriminación
racial en la República Dominicana es un ejercicio muy complejo" y se
apoyó en lo dicho ayer por el perito costarricense Carlos Quesada, quien
señaló que ese país "se diferencia de otros de la región por la
negativa absoluta de este problema".
"El Estado forma parte también del problema de la
discriminación racial cuando no previene, tolera e incurre en actos de
discriminación directa", agregó Quintana.
Por último, el representante de Cejil reconoció
"el derecho que tienen los Estados de regular y controlar el ingreso de
personas extranjeras a su territorio".
Sin embargo, señaló que desde la Opinión
Consultiva número 18 de la CorteIDH ha quedado establecido que "las
medidas adoptadas con este fin tienen como límite el respeto y garantía
de los derechos humanos".
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