La cantidad y frecuencia con que siguen
llegando niñas embarazadas a nuestros hospitales, hacen urgente la atención de las autoridades,
empezando por las judiciales, que deben castigar drásticamente la pederastia
aplicando el código vigente sobre protección a niños, niñas y adolescentes.
La secuela de males y el impacto que
sufren las niñas abusadas, la familia y la sociedad, deben mover a todos los
organismos del Estado garantes de la integridad física y moral de los
ciudadanos, y más en el caso de los menores que, de por sí, son seres
indefensos merecedores de una mayor protección.
Estamos conscientes de que el problema
de los embarazos en las adolescentes
tiene raíces multifactoriales, lo que hace más difícil su prevención.
Sabemos de padres, en estado de miseria, que aceptan que pedófilos empedernidos
abusen de sus hijas a cambio de algunos pesos.
Recientemente se dio el caso de un pederasta
de 60 años de edad que abusó y embarazó de trillizos a una niña de 13 y pese al
escándalo mediático provocado por este indignante hecho, la Policía y la
Fiscalía no actuaron con presteza dando
tiempo a que el criminal se fugara.
Todas esas lacras y situaciones existen
frente a las desentendidas autoridades nacionales, y nos proyectan en el mundo
como un país, que, en adición a otros nada halagüeños galardones
internacionales, es visto como una selva, o como lo promocionan algunos
pervertidos: "un paraíso sexual".
Es innecesario abundar sobre los daños
que acarrea a las víctimas, sus familias y la sociedad el embarazo de nuestras
niñas. Lo que hay que reclamar a toda voz, es que el Estado asuma su responsabilidad
en esta situación al margen de los paliativos
que tímidamente aplican algunos
despachos oficiales.
En lo que se diseña y aplica un plan de
emergencia para prevenir y combatir esta situación, la ley debe ser rápida y
severa contra los violadores, curas o no, para desestimular a los perversos
abusadores de nuestros niños y a los padres que se presten a esas vagabunderías.
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