POR
FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES
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No todo lo legal es justo, y por eso,
los jueces y tribunales deben ponderar muy bien las sentencias a dictar para
evitar caer en situaciones que si bien
tienen carácter de legalidad, lesionan y ultrajan principios elementales de
derechos humanos.
No voy a entrar en disquisiciones sobre
la debatida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional debido a que los
mejores juristas del país lo han hecho,
coincidiendo con el voto disidente y razonado de las juezas Isabel Bonilla y
Katia Miguelina Jiménez.
Sin embargo, llama la atención, hasta
entre ciudadanos comunes, el carácter draconiano de una sentencia que, además
de discriminatoria, viola el principio constitucional de la no retroactividad de las leyes o
sentencias emanadas de cualquier tribunal.
Parecería que el TC estaba tan
presionado en resolver el problema de
las migraciones ilegales, que ignoró, pese a las advertencias de las juezas
disidentes, que su misión es sobre guardar y no contradecir los mandatos de la constitución
vigente.
Pretender resolver de un plumazo un
viejo problema creado y sostenido en base a la irresponsabilidad de nuestros gobiernos y las
tradicionales ventajas de manos de obras baratas de los empresarios agrícolas y
constructores del país, es muy cómodo.
Los inconvenientes y daños que ocasiona
la referida sentencia a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana nacidos y
criados en nuestro país, es un problema que no quisiéramos nosotros que les
pasara a los dominicanos residentes en el exterior.
En eso debieran pensar muchos
dominicanos que aprovechan esta oportunidad para dar rienda suelta a su odio
racista enarbolando un fogoso patriotismo que nunca dijo presente en las
distintas situaciones de oprobio por las que ha atravesado nuestro país.
Aunque la sentencia contra los supuestos y reales
residentes ilegales y sus descendientes en nuestro país desde el año 1929, fue
dirigida contra los haitianos, afecta
a emigrantes de otros países que han hecho y siguen
haciendo grandes aportes a la patria.
Mientras se debate ardorosamente el
tema, el presidente Danilo Medina reitera, ante los quejosos descendientes de
haitianos, y frente a organismos internacionales como la ONU, su disposición de
buscar una salida humanitaria a un problema que trasciende lo migratorio.
Conviene que así sea, porque de lo
contrario seguiremos figurando como un país racista, pese a nuestra variada composición
étnica; además de exponernos a sanciones internacionales de entidades como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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