23 mil mexicanos han pedido asilo en los Estados
Unidos, huyendo de los carteles del narcotráfico secuestros, corrupción e
inseguridad y según el Departamento de Seguridad Nacional, la cifra es
de los primeros nueve meses de este año (2013) y ha roto todos los
récords de peticiones para ese estatus.
La cantidad de peticionarios es cuatro veces mayor
a la del 2009 y el número se considera espiral, impulsado por el riesgo
de miles de mexicanos de ser asesinados como víctimas de la guerra
permanente que mantienen los narcotraficantes, controlando amplias
regiones del país.
Los que piden asilo, arguyen que el terrorismo
impuesto por los carteles mexicanos de las drogas, no tiene blancos
favoritos y bajo sus balas caen inocentes en aldeas, pueblos y ciudades
de gran concentración urbana.
Grupos de derechos humanos denuncian
constantemente la situación en México y critican que el actual gobierno
ni los anteriores no han hecho lo apropiado para por lo menos reducir el
radio de acción de los criminales.
Los mexicanos que están solicitando el estatus de
refugiados, refieren en sus peticiones que los asesinatos en su país con
cotidianos y cobran las vidas de padres, madres, hijos, hermanos,
abuelas y tíos.
Pero más del 90% de las solicitudes de asilo les
son negadas a los mexicanos por los jueces en las cortes de inmigración y
son sometidos a procesos de deportación, sin tomar en cuenta el riesgo
que enfrenta al regreso a su país.
El proceso puede prolongarse por meses o años y
los solicitantes deben someterse e reglas muy estrictas, cuyos
requisitos muy pocos pueden cumplir.
Los peticionarios tienen que demostrar "temor
fundado" de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o
pertenecer a algún grupo social reprimido.
Aunque la aprobación de esas peticiones de los
mexicanos, es muy baja, el tema se ha convertido en una parte
discordante entre el gobierno del país de los solicitantes y las
autoridades de inmigración de Estados Unidos.
Peter Núñez, un ex fiscal federal en San Diego,
dijo que la negación de las peticiones de asilo, "es un síntoma más del
sistema disfuncional de inmigración que tenemos en Estados Unidos".
El ex fiscal fue un miembro de alto rango en el Departamento del Tesoro, durante el gobierno de George W. Bush.
"Para inmigración y los jueces, los mexicanos que
piden asilo, no tienen un derecho legítimo, no están siendo perseguidos
por su gobierno y deben buscar ayuda en sus propias autoridades para que
les garanticen la seguridad pública", agregó el ex fiscal.
Explicó que aunque se alegue que el gobierno de
México y la policía, están corrompidos por poderosos carteles de las
drogas que invierten mil millones de dólares para comprar agentes y
funcionarios, esa no es una razón para que Estados Unidos "haga por
ellos, lo que tiene hacer el gobierno mexicano".
Núñez añadió que esa situación no puede considerarse para otorgar el estatus de refugiado o asilo a un solicitante.
Después de pedir el asilo, la mayoría de los
mexicanos que no lo consiguen son encerrados en centros federales de
detención, donde esperan una audiencia judicial.
En un día cualquiera, se pueden contar hasta 31.800 detenidos en 257 centros federales en Estados Unidos.
Algunos tienen antecedentes penales que van desde
delitos menores hasta criminales. Según el Foro Nacional de Inmigración
con sede en Washington, el costo para mantener a los presos mexicanos
que esperan por sus días en la corte para conseguir o no el asilo, es de
$5 millones de dólares o $159 por cada reo.
Uno de los casos documentados es el de Sonia
Montes de 27 años, quien tiene cuatro hijos y espera el quinto con siete
meses de embarazo.
Ella y su esposo, huyeron de Michoacán hace tres meses con sus vástagos.
"No se puede vivir allí, no hay trabajo ni seguridad para nadie", expuso la mexicana.
El grupo "Los Caballeros Templarios", compuesto
por civiles, ha emergido para asumir la ley por sus propias manos,
aplicando la sentencia bíblica de "ojo por ojo y diente por diente".
Es la reacción a sicarios de un cartel que en el
poblado Limón de la Luna, asesinaron a varios residentes, entre ellos
una mujer embarazada y colgaron sus cadáveres en el letrero que da la
bienvenida a los visitantes a la entrada del pueblo.
Casas, carros y sembradíos han sido saqueados e
incendiados por los narcos para imponer la intimidación y el silencio,
mientras trafican con drogas, armas y personas.
Otro de los casos es el de Carlos Gutiérrez a quien sicarios de un cartel, le cortaron los pies.
El abogado Carlos Spector de Texas, que representa
a Gutiérrez y otras 100 familias en busca de asilo, dijo que debido a
la corrupción endémica que los carteles han logrado entronizar en
instituciones del gobierno y organismos policiales y de inteligencia,
"no hay razón legítima para ni real para que los mexicanos que piden
asilo, sean encarcelados o deportados de Estados Unidos".
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