Una iniciativa en el estado de California aspira a
entregarle a los inmigrantes indocumentados uno de los papeles que más
desean: el permiso para trabajar legalmente.
El llamado Plan California ha sido concebido por
una alianza de organismos defensores de los derechos de los migrantes,
que quiere llevarlo a votación en las elecciones generales de noviembre
de 2012.
"Después de tanta espera, nos dimos
cuenta de que la posibilidad de lograr una reforma migratoria integral
desde Washington era mínima. En vez de abandonar la lucha, pensamos en
buscar otras formas de mejorar la situación de los migrantes", señaló a
BBC Mundo Antonio González, director del Instituto William C. Velázquez,
una organización no gubernamental estadounidense que impulsa la
participación política y económica de los latinos en el país y es
responsable por la propuesta.
El plan representa una estrategia para regular
una cuestión que pertenece a la órbita del gobierno federal
estadounidense, como es la legislación migratoria y la solución del
estatus irregular de unos 11 millones de extranjeros indocumentados que
se estima viven en el país.
Mientras otros estados -como Alabama, Arizona y
Georgia- han avanzado en legislar sobre inmigración para establecer
controles y restricciones cada vez más estrictos, en California algunos
grupos han propuesto el camino opuesto.
"Si se puede hacer política anti inmigración a
nivel estatal, también se puede hacer política pro inmigrante estatal",
señaló González.
Hueco legal
La seguidilla de leyes aprobadas en los últimos
dos años –en su mayoría tendientes a desalentar la llegada o la estadía
de indocumentados- pone en evidencia que los estados han decidido tomar
cartas en el asunto.
"La cuestión migratoria definitivamente está
pasando a la órbita estatal por falta de acciones a nivel federal.
Es
cierto que las leyes de Arizona o Alabama han sido trabadas en la Corte
porque el gobierno central objetó que usurpaban sus competencias.
Pero
también es cierto que partes de esas leyes u otras normas relacionadas,
como la que impide a los indocumentados obtener una licencia de
conducción en algunos territorios, han logrado ser puestas en vigor a
partir de iniciativas estatales", explicó a BBC Mundo el politólogo John
Pitney, experto en leyes del Claremont McKenna College.
Según el académico, el Plan California busca
explotar los huecos legales que permiten a cada estado tomar decisiones
sobre la población sin papeles en su territorio.
Así, el programa propone otorgar un número de
identificación para inscribirse en el sistema tributario y de seguridad
social, similar al que asigna el gobierno federal (el llamado social security number, al que los indocumentados no tienen acceso legal) pero válido sólo en territorio californiano.
Según el proyecto, los sin papeles que quieran
postular deben haber cumplido un tiempo de residencia en el estado y
haber pagado sus impuestos. También deben tener un historial criminal
"limpio" y demostrar que están estudiando inglés.
"Es una forma de legalización estatal que servirá a muchos inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales ya están pagando hoy todas las cargas impositivas que corresponden sobre sus ingresos."
Antonio González, director del Instituto William C. Velázquez
Luego de un proceso de revisión, cada individuo
recibe un número que lo habilita para ser contratado legalmente por
cualquier empleador por un plazo de un año, renovable luego con la
constancia del pago de impuestos.
Las proyecciones indican que 75% de los sin
papeles en California podría beneficiarse con el programa, que además
generaría ingresos en concepto de nuevos impuestos de hasta US$1.000
millones.
Cuestión estatal
En marzo pasado, la legislatura del estado de
Utah, también en el oeste de Estados Unidos, aprobó un programa para
trabajadores temporarios, por el que en el futuro los indocumentados
residentes en el estado podrían en teoría solicitar permisos de trabajo
sin miedo a ser deportados.
Se espera que la llamada "Solución Utah" –o
técnicamente, ley HB116- entre en vigor en dos años y beneficiaría,
según los análisis previos, a más de 110.000 personas, previo pago de
US$2.500 para conseguir el permiso. Pero para ello, Utah debe formalizar
un pedido ante el gobierno federal, buscando que acepte otorgar una
autorización excepcional para que este estado, uno de los más
conservadores del país, se convierta en el primero en ofrecer un plan
semejante para los sin papeles.
En esa medida se ha inspirado el Plan
California, que busca luz verde por dos vías: presentándose al congreso
estatal como proyecto de ley y, a la vez, buscando recolectar medio
millón de firmas para elevarlo a la categoría de asunto puesto a
votación en 2012.
Por esta última vía se han decidido antes en
California propuestas como el matrimonio homosexual o la legalización de
la marihuana para uso medicinal en el estado.
Según las encuestas realizadas por sus
promotores, más de 60% de los habitantes con derecho a voto en el
territorio aprobaría la iniciativa, un nivel de apoyo similar al que
tuvo el recientemente sancionado Dream Act estatal que habilitó el
acceso a fuentes públicas de financiamiento para los jóvenes sin papeles
que quieren continuar con sus estudios universitarios.
"Políticamente es un momento muy complicado para conseguir el apoyo mediante los votos en 2012, porque es una época de alto desempleo y muchos votantes pueden ver la medida como una manera de reducir la oferta de trabajo para los residentes legales o los ciudadanos."
John Pitney, politólogo
Sin embargo, algunos anticipan que el Plan California podría encontrar obstáculos en el referendo popular.
"Políticamente es un momento muy complicado para
conseguir el apoyo mediante los votos en 2012, porque es una época de
alto desempleo y muchos votantes pueden ver la medida como una manera de
reducir la oferta de trabajo para los residentes legales o los
ciudadanos.
Es un riesgo latente incluso para votantes que, por
principio, aprueban dar más derechos a los inmigrantes", señaló a BBC
Mundo el politólogo John Pitney.
Otros, en tanto, manifiestan oposición tajante ante lo que consideran "una amnistía".
"Nosotros creemos que cualquier medida que se
tome tendiente a perdonar una violación de las leyes del país, como la
que han cometido los (migrantes) ilegales, resulta desmotivadora.
El
estado no necesita a los trabajadores sin permiso, aquí hay mucha gente
buscando empleo desesperadamente y haciendo las cosas bien, por las
reglas, por eso esperamos que la gente se dé cuenta y que el Plan
California se muera en los papeles", dijo a BBC Mundo Bárbara Coe,
presidenta de la Coalición Californiana por la Reforma Migratoria
(CCIR), un grupo que aboga por la reducción del flujo de extranjeros
hacia Estados Unidos.
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