Asunción.- Una jueza de
Paraguay decretó este viernes una condena de dos años de prisión para
un joven de 17 años, uno de los 14 campesinos procesados por la matanza
de Curuguaty (noreste) que provocó la destitución del presidente
Fernando Lugo.
La jueza Yanine Ríos, que tiene a su cargo el
enjuiciamiento de los dos menores que forman parte de ese grupo de
campesinos procesados, dictó esa sentencia, pero con la suspensión
condicional de la pena hasta que sea firme, ya que ésta fue dictada en
primera instancia, informó ABC Color en su edición digital.
El joven R.A.B.C., de 17 años, fue hallado
culpable del cargo de asociación criminal en juicio, según relató la
fuente, quien comentó que el menor es el primer condenado por el caso en
curso.
Esta resolución judicial fue emitida el mismo día
que el fiscal adjunto, Alejo Vera, confirmó la competencia del fiscal,
Jalil Rachid, en el proceso que se sigue a doce de los campesinos
detenidos, todos ellos mayores de edad.
Rachid había sido recusado por los abogados de los
procesados al igual que el juez del caso, José Benítez, lo que motivó
el día 14 pasado la suspensión de la audiencia preliminar en la que
debía definirse la convocatoria a juicio contra los 12 procesados.
Esa suspensión no afectó al proceso que se sigue a
los otros dos procesados que no han cumplido aún la mayoría de edad,
según indicaron en su día fuentes judiciales.
Uno de los abogados de los campesinos Guillermo
Ferreiro, anunció en declaraciones reproducidas por Última Hora que
"recurrirán a todas las instancias" para insistir en la recusación del
fiscal, al momento de advertir que Rachid "actúa con parcialidad" en el
caso.
Una fuente de la Fiscalía dijo hoy a Efe que para
que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar para definir la
posible convocatoria a juicio, también se debe expedir un Tribunal de
Apelaciones sobre la recusación presentada contra el juez del caso.
El proceso en cuestión fue abierto tras la muerte
de seis policías y once labradores en un tiroteo durante una operación
policial de desalojo, el 15 de junio pasado.
El enfrentamiento se produjo entre grupos de
campesinos "sin tierras" y agentes policiales en una finca de Curuguaty
que se disputan el Estado y los familiares del ya fallecido empresario
Blas N. Riquelme.
Esa masacre, sin precedentes en la lucha por la
tierra en el país, fue el principal detonante del controvertido juicio
político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución
de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente,
Federico Franco, el 22 de junio pasado.
La Fiscalía, en su informe final tras la
investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada
preparada y planificada previamente por ocupantes armados", mientras que
los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran
que los agentes fueron asesinados por "expertos tiradores" y no por los
campesinos. EFE
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