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| Laura Hernández |
Santo Domingo. La directora de la Oficina
Nacional de Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román, reveló que
República Dominicana tiene uno de los porcentajes más altos de prisión
preventiva de Latinoamérica.
Alegó que esta situación está llevando al
sistema penitenciario dominicano al borde del colapso.“Estamos en una
situación grave y vergonzosa, ya que el promedio de prisión preventiva
en la mayoría de los países de América Latina está entre 5% y 15%,
mientras que en 2010 nosotros teníamos 75% y luego bajamos de 68% a 65%
en 2011”.
Entrevistada por Harold Modesto, coordinador de
la Unidad del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano (OPD),
de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Hernández
agregó que en el censo penitenciario de 2006, a dos años de comenzar a
aplicarse el Nuevo Código Procesal Penal, el país tenía 12,706 reclusos,
cifra que hoy asciende a casi 23,000.
“Tenemos un gran reto porque hay un montón de
centros del nuevo modelo y cárceles del modelo tradicional que están
absolutamente sobrepoblados, provocando que en nuestro país el sistema
penitenciario esté colapsando”, argumentó.
Dijo que las altas cifras expresan la gravedad de
la prisión preventiva en nuestro país. Sin embargo, resaltó que “en los
medios de comunicación parecería reflejarse que en el país hay un uso
indiscriminado de la libertad, y pienso es un tema de educación
ciudadana”.
Agregó que “hay que informarle a la población que
porque una persona esté en libertad mientras dura el conocimiento de su
proceso no significa que escapará, sino que constitucionalmente esa es
la forma normal y corriente en que los países conocen los procesos,
salvo los casos donde la fuga es inminente”.
Deploró que en el país se juzga a los imputados
por la situación socioeconómica:“Aquí el peligro de fuga se mide en
función de si usted vive en un barrio o en un ensanche. Parecería que
quienes vivimos en ensanches no tenemos peligro de fuga y esos son los
que se escapan en helicóptero. Sin embargo, todo el que vive en
determinados barrios para el tribunal representa peligro de fuga”,
puntualizó.
La funcionaria sostuvo que el hecho de que a una
persona le dicten una medida de coerción distinta a la prisión
preventiva no significa que está evadiendo su responsabilidad penal,
“sino que va a poder presentarse libre a su juicio, como señalan nuestra
Constitución y nuestras leyes”.
“Los medios de comunicación y todos en sentido
general, tenemos que hacer una campaña educativa para que la población
sepa que una medida de coerción distinta a la prisión preventiva es algo
normal en cualquier país del mundo y que no obedece a que compraron al
juez”, añadió.
Defensoría pública
Laura Hernández puntualizó que una persona tiene
derecho a la defensa pública desde el inicio de la persecución policial,
aún en sede policial.
Dijo que actualmente la Oficina Nacional de la
Defensa Públicaconoce el 82% de los casos del sistema penal e indicó
que la cantidad promedio de procesos que lleva un defensor público es de
300 casos.
“Resulta ser una gran carga de trabajo porque se
contempló que nunca pasaran de 200 casos, previendo que el porcentaje de
prisión preventiva luego de la implementación del Código Procesal
Penal, iba a reducir”.
Sostuvo que “no es lo mismo tener a la persona que
se asiste concurriendo libre a su proceso que tenerla en la cárcel
porque le demanda al defensor que le asiste estar mucho más pendiente a
la revisión de medidas y a las apelaciones para tratar de obtener su
libertad”.
Destacó que la Oficina tiene un presupuesto
insuficiente que no le permite alcanzar los niveles de eficiencia
deseados en la ejecución de los planes que contempla esa institución.
“El presupuesto de la defensa pública es de 240
millones, este solo alcanza para mantener su actual estructura, pero no
nos permite ejecutar los planes de nuestra planificación estratégica, ni
incrementar el número de defensores que debería tener el sistema”.
Explicó que la Oficina debería tener abiertas 12
oficinas más. “Como país estamos incumpliendo con el mandato
constitucional de brindar cobertura al territorio nacional, nosotros
todavía tenemos una deuda social”.
Argumentó que el mayor aporte en el área de
investigación que ha desarrollado la defensa pública fue el primer censo
penitenciario del 2006, que repitieron en 2011.
“Todavía el censo penitenciario de 2011 no se ha
publicado, pero tan pronto salga va a ser controversial porque aclara
varios mitos como la creencia que de los extranjeros, los haitianos,
cometen todos los delitos en nuestro país. Hoy día, el censo demuestra
que del 7% de la población extranjera que está guardando prisión, solo
4% es de nacionalidad haitiana o dominico-haitiana”.
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