Por Fernando Rodríguez Céspedes
La decisión del Gobierno de someter al
escrutinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los
estudios de explotación minera realizados por la firma Xstrata Nickel RD sobre
la Loma Miranda, constituye una buena medida dada la capacidad técnica del organismo
internacional y la credibilidad que le confiere el ejercicio de una actuación
pública responsable.
Esperamos que el Gobierno cumpla con todas las condiciones impuestas por la entidad internacional y que al final se acaten las recomendaciones,
que producto de sus investigaciones,
haga el PNUD al final de la jornada.
La firmeza de carácter de la
representante en el país del PNUD, señora Valerie Juliand, ha sido puesta a prueba en más de una ocasión por lo
que no deben albergarse dudas de que,
por complacencia, temor o conveniencia, pueda prestarse a dar un informe
interesado.
El tema es trascendental porque se trata
de un proyecto de explotación que si bien favorece al Gobierno y, en
consecuencia, a la precaria economía del país, la contraparte es un alegado daño irreparable a una fuente acuífera de
vital importancia para La Vega y sus alrededores.
Las discusiones han estado a la orden
del día y si bien conocemos la voracidad insaciable de las mineras internacionales,
también conocemos las posiciones intransigentes de quienes haciendo galas de un
patriotismo desfasado, se oponen a todo lo que signifique inversión extranjera.
Confiamos en que los resultados del experticio
del PNUD arrojen luz sobre este debatido tema y que al final se imponga lo que
convenga a los mejores intereses del país, en un sentido u otro.
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