Los dueños de las plantaciones de Alabama se enfrentan a un panorama sombrío.
Impotentes, contemplan cómo se pudren sus
cosechas, sin haber encontrado aún sustitutos para los miles de
indocumentados que hasta hace menos de un mes recogían sus tomates y
papas en largas jornadas bajo el sol.
La entrada en vigor de la ley
migratoria estatal, considerada la más severa de EE.UU., provocó un
éxodo en los campos de este estado sureño y pocos estadounidenses o
residentes legales desempleados han ocupado esos trabajos.
Si nada cambia, la situación se agravará en
febrero cuando comience la temporada de siembra en los invernaderos.
Ante el temor a la ruina, los empresarios agrícolas se han movilizado
para exigir una solución al gobernador, el republicano Robert Bentley.
A pesar del incierto futuro para la agricultura
de Alabama, en EE.UU. continúan escuchándose las voces de quienes piden
más leyes como la de este estado, que desde el 28 de septiembre permite a
la policía exigir los documentos a cualquier sospechoso de no tener
permiso para permanecer en el país. Además, autoriza a las escuelas a
revisar el estatus migratorio de sus alumnos.
El dilema de los agricultores de Alabama ha sido
visto por los activistas hispanos como una prueba contundente de que el
país no puede prescindir de los sin papeles.
Su reivindicación es respaldada por economistas
que advierten que si se aprobara una ley como la de Alabama a escala
nacional, las consecuencias para la agricultura serían catastróficas.
Alimentos mexicanos
"Se hundiría toda la agricultura estadounidense
de trabajo intensivo", afirma Tamar Jacoby, presidenta de
ImmigrationWorks USA, una federación de pequeños empresarios que pide
una reforma migratoria.
"No solo perjudicaría a los empresarios
agrícolas", advierte en conversación con BBC Mundo. "También al resto
del país. Los consumidores pagarían más por los productos agrícolas, y
otros negocios indirectamente relacionados con la agricultura también
sufrirían las consecuencias: fabricantes de fertilizantes, de maquinaria
agrícola, restaurantes...".
"La producción de alimentos se trasladaría a
México y otros países. No podríamos competir con sus precios", vaticina
Peter Callan, profesor de Economía de la universidad Virginia Tech.
Se estima que alrededor de la mitad de los trabajadores del campo no tiene papeles.
El profesor de la Universidad de California,
Philip Martin, calcula que de los 2,5 millones de trabajadores
agrícolas, 1,2 millones, el 48%, no tienen papeles.
Martin, no obstante, cree que el impacto de
legalizar la mano de obra agrícola no sería tan grande. Según ha escrito
este experto citado por quienes exigen más deportaciones, el costo para
el bolsillo de los estadounidenses sería insignificante.
Martin reconoce que habría que pagarle mucho más
a un trabajador estadounidense, pero argumenta que los hogares de
EE.UU. no notarían en demasía el aumento ya que el gasto en frutas y
verduras es incluso menor al de bebidas alcohólicas.
Según sus estudios, si los salarios agrícolas
aumentasen un 40%, el sobrecosto para una familia no sería de más de
US$15 al año, el precio de dos entradas de cine, mientras que los
trabajadores del campo mejorarían notablemente sus condiciones.
El caso es que para que eso se cumpla harían
falta estadounidenses a los que no les importe el trabajo sacrificado de
las plantaciones. Y en Alabama de momento no hay suficientes, a pesar
del desempleo del 9,9%, más alto que la media nacional del 9%.
También en el vecino estado de Georgia, que en
primavera endureció su ley de inmigración, los terratenientes están
quejándose de escasez de mano de obra.
Estudios
Pocos en Alabama muestran interés por recoger tomates a cambio de uno de los salarios peor pagados del país.
Jerry Spencer, presidente de Grow Alabama, una
cooperativa agrícola que promueve una industria sustentable, considera
que los legisladores de Alabama parecieron no pensar en el problema
actual.
"Parecían estar soñando. No consideraron que
pocos estadounidenses tienen la suficiente fuerza mental y física para
desplazarse de la ciudad al campo en trayectos de más de una hora y
aguantar las jornadas de trabajo de un indocumentado", dice en
conversación telefónica con BBC Mundo.
Spencer dice que hace unos días acompañó a 60
desempleados a su primer jornal en una plantación del condado de
Birmingham, en Alabama, y que al día siguiente más de la mitad habían
abandonado.
"Los trabajadores hispanos que se marcharon
ganaban en unas diez horas entre US$100 y US$300 recogiendo cajas de
tomates, mientras que estos nacionales no eran capaces de aguantar más
de seis horas para ganar unos US$25", dice Spencer.
Jacoby, la presidenta de ImmigrationWorks USA,
observa que este desinterés por las labores del campo ha crecido
conforme los estadounidenses han aumentado su nivel de estudios.
En 1960, la mitad de los trabajadores de EE.UU.
habían abandonado la escuela para dedicarse a trabajos poco cualificados
en la agricultura o la construcción. Hoy, menos del 10% de la fuerza de
trabajo carece del título de los estudios secundarios.
Una de las soluciones propuestas para los apuros
de los terratenientes de Alabama es un programa de empleo temporal para
extranjeros.
Sin embargo, los empresarios agrícolas afirman
que estos programas son costosos porque se ven obligados a pagar el
alojamiento de los jornaleros, entre otros gastos.
Mientras buscan una solución, Alabama ofrece un
buen argumento a quienes intentan demostrar que los indocumentados no
son una carga, sino más bien un pilar imprescindible para el país.
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