SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de
Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), en representación de todas
las ARS privadas que la integran, rechazó la resolución de la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) que ordena el
traspaso de más de 400 mil empleados públicos y sus familiares afiliados
que pertenecen a las ARS privadas a ARS SENASA, operada por el gobierno
dominicano.
La disposición “representa una amenaza para el derecho de
libre elección de todo dominicano, y un serio quebranto a la libre
competencia y a los derechos de la empresa privada”, según reafirmó José
Manuel Vargas, Presidente Ejecutivo de ADARS.
Según la Ley 87-01 que crea y regula el Sistema
Dominicano de Seguridad Social en su artículo 4, el afiliado tendrá
derecho a elegir la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) que más le
convenga. Sin embargo, la disposición No. 00189-2012 aprobada por la
SISALRIL viola este derecho fundamental del asegurado porque ordena el
traspaso obligatorio al SENASA y que estos sean extraídos de las
Administradoras de Riesgos de Salud en las que cotizan actualmente.
De la misma forma, la ley dispone que las ARS no
“podrán rechazar o cancelar la afiliación de un beneficiario por razones
de edad, sexo, condición social, de salud o laboral”, aspecto que la
nueva disposición también lacera. La resolución le ordena a las ARS
abstenerse de inscribir “cualquier institución del sector público
centralizada, descentralizada o autónoma, que no tenga contratos
vigentes de aseguramiento con una ARS”.
El Presidente Ejecutivo de ADARS, indicó que “la
Resolución emitida por SISALRIL afecta la prestación de servicios
médicos a un importante sector de afiliados que, apoyados en su derecho a
la libre elección, optaron por las ARS privadas y que ahora, sin tomar
en cuenta su opinión o preferencia, son despojados de un derecho
adquirido que consiste en el beneficio de una cobertura de servicios
que, todos los estudios de la industria indican, cuentan con altos
niveles de satisfacción”.
Vargas también enfatizó que esta decisión es de
preocupación para ADARS, ya que uno de los objetivos de la entidad que
preside es velar por el cumplimiento de la ley que regula el Sistema
Dominicano de Seguridad Social y los derechos de los afiliados.
“La decisión nos preocupa pues es totalmente
contraria a lo que procede según nuestra Ley de Defensa de los Derechos
del Consumidor, que reconocen que los servidores públicos como usuarios
de los servicios de salud por los que pagan, tienen derecho a elegir
libremente el proveedor de su elección, de acuerdo a sus expectativas y
aspiraciones, incluyendo esto a la ARS, los servicios médicos suyos y
los de su familia.
Entendemos que la resolución emitida por la SISALRIL
no procede. Todos debemos defender el derecho de los empleados públicos
a elegir el servicio de seguro de salud de su preferencia y de las ARS
privadas a seguir sirviendo a este importante sector compitiendo en
igualdad de condiciones con la ARS estatal como debe ser, y como
estipula la Ley de Defensa de la Competencia”, aseguró.
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