El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hoy
jueves una serie de normas definitivas para prevenir el abuso sexual de
jóvenes y adultos en las cárceles del país y resguardar la seguridad de
los reos, incluyendo a inmigrantes.
Las normas que establecemos hoy reflejan el hecho
de que los delitos de ataques sexuales cometidos al interior de nuestras
instalaciones carcelarias pueden tener consecuencias devastadoras,
tanto para las víctimas como para las comunidades, más allá de las
cárceles, dijo en un comunicado el fiscal general de EE.UU., Eric
Holder.
Previamente, durante una conferencia telefónica
con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración del
presidente Barack Obama explicaron que, en el marco de una ley federal
de 2003 las nuevas normas tienen el objetivo de poner en marcha una
política de cero tolerancia a este tipo de ataque a la dignidad humana.
"El presidente Barack Obama se toma este asunto
muy en serio. El cree que la violencia sexual contra cualquier víctima
es un ataque a la dignidad humana y una afrenta a los valores
estadounidenses", dijo una funcionaria de alto rango de la Casa Blanca.
En ese sentido, Obama emitió hoy un "memorando
presidencial" para asegurar que "todas las agencias que operan
instalaciones de confinamiento adopten altas normas para prevenir,
detectar y responder al abuso sexual" en las cárceles federales
Las metas del Departamento de Justicia son claras:
la prevención, detección y tratamiento del abuso sexual de los
prisioneros en todas las penitenciarias federales.
Las nuevas normas también aplicarán para los
centros de detención que alojan a inmigrantes pero el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), a cargo de éstos, publicará sus reglamentos en
un plazo de 120 días, seguido por un período de comentarios de otros
60.
Un funcionario de alto rango del Departamento de
Justicia dijo que los estados que no cumplan con las nuevas normas, que
también protegerán a presos homosexuales, corren el riesgo de perder el
cinco por ciento de los fondos que reciben del Departamento de Justicia
para programas carcelarios.
Aunque no existe una cifra exacta sobre el número
de víctimas de abuso sexual en las cárceles, en parte porque muchos no
lo denuncian por temor a represalias, las autoridades calculan que en
2008, año del que se tienen las estadísticas más recientes, unos 209.000
reos fueron sujetos a violaciones sexuales en las cárceles.
Es un problema que afecta con mayor frecuencia a
los inmigrantes detenidos, cuyo número ha incrementado en más de un 70 %
desde 2002, cuando el Congreso comenzó a debatir el Acta para Eliminar
las Violaciones en las Cárceles (PREA, por su sigla en inglés). Esa ley
fue aprobada con amplio apoyo bipartidista en 2003.
Según datos oficiales publicados a principios de
este año, las autoridades registraron más de 170 denuncias de abuso
sexual en los centros de detención de inmigrantes en los últimos cuatro
años.
Más de 350.000 extranjeros indocumentados son
detenidos cada año en EE.UU., a la espera de que las autoridades decidan
si serán o no deportados del país.
Cuando Holder propuso originalmente las normas en
enero de 2011, éstas no incluían a los centros de detención de
inmigrantes pero el Departamento de Justicia finalmente sucumbió a las
presiones de líderes del Congreso y activistas de la comunidad
inmigrante.
El Departamento de Justicia había sido fuertemente
criticado por grupos cívicos porque, bajo las estipulaciones de la ley
PREA, la agencia tenía hasta junio de 2010 para poner en marcha los
reglamentos para reducir la violencia sexual en las cárceles. EFE
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