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lunes, 24 de junio de 2013

Pleno de la JCE pide a Cancillería emitir una nota de protesta ante la CIDH

El Pleno de la Junta Central Electoral pidió este lunes al ministerio de Relaciones Exteriores, emitir una nota contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en protesta  por la decisión de ese organismo de la adopción de medidas cautelares contra la República Dominicana, las cuales aseguran se sustentó en falsas informaciones e inexactitudes que ameritan, desde el punto de vista de la institución, una necesaria aclaración.


A través de un comunicado, la JCE indica que no responde a la verdad la información que sirve de base a la CIDH, hecha por el Robert F. Kennedy Center for Justice and Humans Rights, en el sentido de que un funcionario de esta institución entregó archivos electrónicos individuales, dando cuenta de un listado de 22,673  personas de supuesta ascendencia haitiana que corren el riesgo inminente de ser expulsados del país, dando constancia de que en todo caso si este hecho se produjo, sería de manera oficiosa, y no de manera institucional, por lo que responde a una información no oficial.

Asimismo, negaron la afirmación de que la doctora Rosario Graciano de los Santos, miembro titular de la JCE, hizo compromiso de entrega de esa documentación, tal como ella lo sostuvo en el Pleno, ya que previo a su presencia el 13 de marzo de este año en Washington, la Comisión integrada por ella y el doctor César Francisco Féliz Féliz, habían recibido una comunicación indicando que no existían estos expedientes.

“Igualmente no es cierta la información de que esos 48  expedientes, ni ningún otro expediente haya sido remitido a la Dirección Nacional de Migración, ya que estos expedientes no han sido discutidos en el Pleno, y en el caso de los 48 expedientes previamente citados, éstos fueron conocidos en la convocatoria especial que hizo el Presidente de la JCE a la Comisión de Oficialías para trabajar durante los días 3, 4 y 5 del presente mes de junio y conocidos en la Sesión del Pleno del día 15 de este mismo mes, es decir, varios días después de que la CIDH ya había fallado esos expedientes”, explica el comunicado.

El Pleno también negó que se haya puesto obstáculos a unas 12 personas para la obtención de sus documentos de identidad y que nunca sus casos han sido conocidos en la Comisión de Oficialías, ni en el Pleno de la JCE, por lo que su presencia en la precitada demanda tiene el único propósito de dañar la imagen de la República Dominicana.

“En relación a las demás personas, se comprobó la regularidad de siete expedientes, mientras que al profundizar las investigaciones en los restantes 29 expedientes, se comprobó la irregularidad de sus inscripciones, por lo que se instruyó a la Consultoría Jurídica de la institución proceder a demandar la nulidad de los mismos por ante los tribunales correspondientes”, sostiene.

En su sesión de este lunes, el Pleno de la JCE conoció además, la comunicación enviada por la Comisión de Cancelados e Inhabilitados, que coordina el doctor César Francisco Féliz Féliz, miembro titular de la JCE, en la cual solicita la cancelación de 1,411 cédulas de identidad por causa de fallecimiento de sus titulares, la revalidación de tres por esta misma causa, la cancelación de diez por suplantación de identidad, la cancelación de siete por tener más de una inscripción y la validación de cinco por la misma causa.
También la revalidación de dos cédulas porque se comprobó que éstas contienen datos válidos.

De igual manera, el presidente de la JCE informó los inicios de los trabajos de escaneo, digitalización e indexación de los folios de las actas del estado civil en el municipio de Esperanza, y a tales efectos, dispondrá de las unidades móviles para visitar aquellos municipios que no estén automatizados.

En ese sentido, indicó que se escanearán siete millones de folios del primer original y trece millones de folios del segundo original, más toda la data que contiene la cédula vieja.

Asimismo, se procedió a la firma de los cheques del mes de junio de 2013 correspondientes a la asignación que el Estado otorga a los partidos políticos reconocidos a través de este organismo, ascendentes a un monto global de 67 millones 86 mil 957 pesos. Estos cheques se encuentran a disposición de los partidos en la Secretaría General, para aquellos casos en que los partidos hayan cumplido con la Ley Electoral y el reglamento, entregando el informe correspondiente.

Estas decisiones fueron acogidas con el voto unánime de los Miembros de la Comisión de Oficialías mientras que en el Pleno de la JCE fueron acogidas por el voto favorable de tres de sus miembros y dos votos en contra.
Autor: LAZARO MEDINA

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