¿Peligra la libertad de prensa en Argentina?

El Congreso en Argentina aprobó una polémica ley impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que regula la fabricación, comercialización y distribución del papel de diario, declarándolas de interés público.

La ley estipula cómo debe funcionar la empresa Papel Prensa, la única productora de pasta celulosa y papel para periódicos del país, que pertenece mayoritariamente a los dos principales diarios de Argentina: Clarín y La Nación, y minoritariamente al Estado.

Estos periódicos son críticos del gobierno y acusan a las autoridades de querer subyugarlos a través de esta ley, al controlar su principal insumo.

Por su parte, el gobierno asegura que Clarín y La Nación mantienen un monopolio que discrimina contra varios diarios más pequeños del país, al cobrarles un precio diferenciado por su papel o forzarlos a importarlo, ante la insuficiente producción de la empresa argentina.

Es por eso que elaboraron esta ley, que obliga a Papel Prensa a tener un único precio de venta, a operar "como mínimo a pleno de su capacidad" y a "satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios".

La norma será aplicada por el Ministerio de Economía, con seguimiento de una Comisión Bicameral del Congreso (que al menos por los próximos dos años tendrá mayoría oficialista).

Mayor participación del Estado

Actualmente, Papel Prensa provee de su insumo principal a 170 periódicos impresos, lo que representa el 75% del mercado doméstico, mientras que el resto del papel proviene de la importación.

La ley especifica que si los actuales dueños mayoritarios de Papel Prensa no tuvieran los fondos necesarios para que la empresa supla toda la demanda interna del país, el dinero podrá ser aportado por el Estado, que en ese caso "verá acrecentada" su participación accionaria (actualmente del 27,46%).

Según el Grupo Clarín (que posee el 49% de las acciones de Papel Prensa), y La Nación, (dueña del 22,5% de la empresa), es una forma de control estatal de la prensa, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.

"La libertad de expresión está siendo violada todos los días, desde hace décadas, por una empresa monopólica que impone precios y cupos, y asfixia económicamente a otros medios más pequeños"

Marina Raquel Riofrío, secretaria del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en el Senado.

El pasado domingo, Clarín (el diario más leído en Argentina) publicó una portada especial mostrando una hoja en blanco con una cita: el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".

Según Clarín y La Nación, la ley que aprobó el Congreso viola este artículo, algo en lo que coinciden diversos constitucionalistas, además de casi todo el arco opositor.

También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que "se están vulnerando principios fundamentales sobre libertad de prensa establecidos en la Declaración de Chapultepec, en tratados internacionales que el país firmó y en el Art.32 de la propia Constitución Argentina".

En tanto, asociaciones de diarios de Argentina y varios países, incluyendo Brasil, Chile, Perú y Ecuador, expresaron su preocupación por la nueva ley.

El Estado como "garante"

Sin embargo, legisladores oficialistas consultados por BBC Mundo negaron que la norma sea anticonstitucional.

"Esta ley no viola el artículo 32, muy por el contrario, siento que la estamos protegiendo", dijo a este medio Marina Raquel Riofrío, secretaria del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en el Senado, e integrante de la Comisión de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión.

"La libertad de expresión está siendo violada todos los días, desde hace décadas, por una empresa monopólica que impone precios y cupos, y asfixia económicamente a otros medios más pequeños", acusó la senadora.

Por su parte, Eric Calcagno, uno de los diputados del FPV que la semana última logró darle media sanción al proyecto de ley en la Cámara Baja, también negó enfáticamente que la norma restrinja la libertad de prensa.

Muchos acusan al gobierno de Fernández de querer asfixiar a los medios opositores al tener el control de la distribución de papel.

"Por supuesto que no viola la Constitución. De lo que se trata es que los que publican diarios reciban un buen papel a un buen precio. Nada dice sobre la línea editorial", aseguró.

Ambos legisladores negaron que esta ley busque crear un monopolio estatal.

No obstante, Calcagno resaltó que aún si el Estado aumentara su participación a tal punto de tener el control de Papel Prensa, no hay por qué temer repercusiones.

"El Estado ya tiene una empresa monopólica de aguas (AYSA) y le damos agua incluso a quienes no piensan como nosotros", ejemplificó. 

Riofrío también criticó a quienes "demonizan" al oficialismo: "No somos más que eso que se ha votado hace unos meses", dijo, en referencia al arrasador triunfo de Cristina Fernández y el FPV en los comicios generales de octubre pasado.

"No es el objetivo de esta ley transformar al Estado en el regulador sino en el garante de la palabra", aseveró Riofrío.

La pelea Clarín-gobierno

La aprobación de la ley sobre Papel Prensa se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los dos principales diarios del país.

Esta semana, el gobierno instó a la Justicia a que indague a los directivos de ambos medios por la presunta adquisición ilícita de Papel Prensa.

Según la presidenta Fernández, Clarín y La Nación compraron la empresa en 1976 en connivencia con el último gobierno militar (1976-1983). Por eso querelló a sus directivos por delitos de lesa humanidad.

"Se están vulnerando principios fundamentales sobre libertad de prensa establecidos en la Declaración de Chapultepec, en tratados internacionales que el país firmó y en el Art.32 de la propia Constitución Argentina"

Sociedad Interamericana de Prensa.

La mayoría de los analistas enmarca la disputa por Papel Prensa en la "guerra" que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín -el principal multimedios del país- desde el conflicto agrario de 2007.

De este entonces, el gobierno aprobó una controvertida ley para "desmonopolizar" el mercado de los medios, que perjudica particularmente a Clarín.

El gobierno también anuló sorpresivamente la licencia del principal proveedor de Internet del grupo, Fibertel.

Todas estas cuestiones, y otras que atañen a Clarín y a La Nación, están siendo dirimidas por la Justicia y muchos creen que la controversia por la ley que regula el papel de diarios seguirá el mismo camino.

La llamada Ley de Papel Prensa es una de varias polémicas normas que aprobó el Congreso desde el pasado 10 de diciembre, cuando asumieron los nuevos legisladores elegidos en octubre, que le dieron una mayoría en ambas cámaras al oficialismo.