Autor Fernando Rodríguez Céspedes
En nuestro país, existe una amplia y rica legislación
para un ordenamiento social eficiente y sostenido que nos conduzca, como nación, por los caminos de la institucionalidad y el
desarrollo político, social y económico.
El fallo radica en la falta de autoridad como señalara
recientemente el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al referirse a la
falta de control que existe en la Zona Colonial de la capital ante los
escándalos nocturnos de los centros de diversión.
Esta situación, no es exclusiva de la referida zona, sino
de todo el país y las causas originarias hay que buscarlas en el populismo de
nuestras autoridades en su afán continuo y electorero de parecer simpáticos
“dando chances” y siendo tolerables ante personas y situaciones violatorias de
la ley.
Esta tendencia social y políticamente manejada, lleva a
las autoridades civiles a intervenir ante las policiales y militares a favor de
personas que al sentirse protegidas, violan constantemente las leyes creando la
situación de indefensión e impunidad que padece
nuestra sociedad.
Y, aunque nos referimos a la contaminación sónica, que la
puede provocar no solo los negocios o centros de diversión, sino hasta
cualquier vecino desaprensivo o anunciante desaforado en sus vehículos
anunciadores, el problema es mayor y alcanza niveles de alta peligrosidad.
Puede afectar la seguridad ciudadana como es el caso de
las famosas metaleras que exportan toneladas anuales de metales reciclados, que
no produce el país, en beneficio de unos pocos millonarios y en detrimento de
la ciudadanía que observa con pavor la tolerancia y privilegios oficiales que
exhiben estos señores.
Estos privilegios son tan grandes que permiten que el
robo de cables eléctricos y telefónicos
dejen sin servicios a amplios sectores de la población, las tapas de la
alcantarillas son sustraídas con el peligro que conlleva esta situación para
conductores y transeúntes y hasta los puentes y torres eléctricas corren
riesgos de colapsar.
Los monumentos públicos son robados o mutilados, las
inscripciones en letras o tarjas de
bronce de estos, de residenciales, centros comerciales u oficinas públicas y privadas son sustraídas
descaradamente y hasta verjas metálicas
han sido desmanteladas.
Y todos estos inconvenientes podrían cesar si se tomaran
medidas drásticas administrativamente o se aprobara el proyecto de ley que
cursa en el Congreso que busca suspender por diez anos la exportación de
metales que no producimos, pero eso es pedir demasiado.
El interés ciudadano es supeditado al privilegio de unos
cuantos que se lucran alegremente de la falta de autoridad que padece nuestro
país y al ciudadano indefenso solo le queda preguntar: ¿hasta cuándo seguiremos
por estos vergonzantes derroteros?
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