Para
satisfacer en parte las demandas de las centrales sindicales, que busca
que de los servidores públicos reciban un reajuste salarial por orden
de un 30%, para enfrentar el alto costo de la vida que se ha disparado
significativamente en los últimos tiempos, menguando los pocos ingresos
familiares, trascendió que el Gobierno contempla incluir dentro del
presupuesto del próximo año una partida para tales fines.
Una fuente que
merece entero crédito, reveló a este medio que este asunto le sería
tratado a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se
encuentra en el país evaluando la marcha del acuerdo Stand-by que
mantiene República Dominicana desde octubre del 2009, y que ahora se
encuentra en su séptima revisión.
La misión del FMI que dudará en el país dos
semanas inició las negociaciones sobre la séptima revisión con los
representantes del equipo económico el pasado jueves, significando que
hasta el momento se siente satisfecha sobre la marcha de la economía
dominicana, muy a pesar del entorno desfavorable de la economía global,
que se ha visto afectada por las elevadas cotizaciones del barril de
petróleo y de las materias primas, como el trigo, la soja, la leche, el
maíz, entre otros alimentos de gran demanda mundial.
Los principales dirigentes del sector laboral
dominicano desde hace mucho tiempo vienen clamando por un justo reajuste
salarial no solamente para los trabajadores del sector privado, sino
también que abarque a los servidores públicos, incluyendo a guardias y
policías, así también a los pensionados y jubilados del Estado.
Se espera que la partida para concretizar un
reajuste en los salarios de los servidores públicos sea analizada e
incluida en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos
correspondiente al próximo año que será enviado al Congreso a principios
del mes de noviembre, el cual deberá estar aprobado definitivamente
antes que finalice este año 2011.
El presupuesto de este año ascendió a la suma de
394 mil millones de pesos, que el mismo sufrió modificaciones debido a
la baja registrada en las recaudaciones fiscales, como consecuencia de
los aumentos de los precios de los hidrocarburos y las materias primas
internacionales, lo que obligó al Poder Ejecutivo someter al Congreso
una reforma fiscal que buscaba obtener alrededor de RD$9,600 millones,
inducido principalmente por las autoridades del FMI, una exigencia del
organismo financiero extranjero, necesaria para la aprobación de la
última carta de intención del convenio en las quinta y sexta revisiones,
que fue conocida y aprobada el pasado 15 de julio por su directorio que
tiene su sede en Washington, capital estadounidense.
Se tiene entendido, asimismo, que para realizar un
reajuste general salarial en el sector público, no se contemplaría la
creación de nuevos impuestos, por lo que el Gobierno tendría que
maniobrar para concretizar ese aumento, que aún en esa proporción no
alcanzaría para enfrentar las alzas significativas que se han registrado
en los principales productos que conforman la canasta básica, sin tocar
los altos precios de los pasajes y de los servicios.
Autor: GILBERTO HERNANDEZ
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