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viernes, 26 de abril de 2013

Trasladan a hospital penitenciario a sospechoso en ataques de Boston

Dzhokhar Tsarnaev, sospechoso de ser coautor del ataque con bombas en Boston la semana pasada, fue trasladado a un hospital penitenciario federal, informó hoy el Servicio de Alguaciles.


 Tsarnaev, de 19 años, estaba internado en el Centro Médico Beth Israel Deconess, de Boston, donde recibió atención por las heridas que sufrió durante su persecución y captura tras los ataques del 15 de abril con bombas en la final de la Maratón de Boston. 

El hermano mayor de Dzhokhar, Tamerlan, de 26 años, murió el jueves pasado durante un enfrentamiento con la policía, tres días después de las explosiones que mataron a tres personas y dejaron más de doscientas heridas.

El portavoz del Servicio de Alguaciles Federales, Drew Wade, dijo que Dzhokhar Tsarnaev quedó confinado en la instalación de la Oficina Federal de Prisiones FMC Devens, en Fort Devens, Massachusetts, unos 60 kilómetros al noroeste de Boston..

Mientras estaba internado en el hospital de Boston, Tsarnaev fue interrogado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) hasta que la jueza federal Marianne Bowler instruyó al sospechoso, el lunes pasado, de su derecho a permanecer callado y a recibir defensa legal.

Entre los derechos que, bajo la ley de Estados Unidos, tiene una persona detenida y acusada de crímenes está la advertencia de que cualquier declaración que haga voluntariamente podrá usarse en su contra durante un juicio.

La decisión de Bowler irritó a los investigadores federales y algunos políticos, como el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, republicano de Michigan.

"Tenemos una larga tradición según la cual los jueces no interfieren con las investigaciones", dijo Rogers en una entrevista que publica hoy el diario The Wall Street Journal. "Esto sienta un precedente muy peligroso".

En 1984 el Tribunal Supremo de Justicia validó una excepción a esos derechos que, por razones de seguridad pública permite que los investigadores interroguen a los sospechosos por un período no determinado sin leerles sus derechos.

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