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Indignación y no otra cosa siente uno cuando ve la miseria que ganan los miembros de nuestros cuerpos armados, la negativa oficial de aumentar los sueldos a los médicos, enfermeras y bioanalistas, y la eterna lucha de los maestros por un salario digno, frente a los abusivos aumentos de sueldos que se autoasignan algunos políticos enquistados en el poder.
Aunque
no es el único, pero si el más reciente,
llama la atención el aumento de 140 mil a 250 mil pesos mensuales que se asignó el flamante director de un mal
llamado Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), entidad que,
estando en quiebra, se da el lujo de tener 33
subdirectores y una nómina de 25 abogados en su departamento jurídico.
Todo
esto, en momentos en que el pueblo ha sido sometido al
estrangulamiento económico por una reforma fiscal que al parecer no solo viene
a enmendar los desaciertos y excesos cometidos en el pasado reciente, sino también,
a garantizar que los funcionarios del actual gobierno sigan burlándose del
pueblo con acciones como estas.
Algo
similar ocurre en el sector privado donde los sueldos de lujos, incentivos y
otros privilegios son asignados alegremente a sus principales ejecutivos a
expensa de sacarle el jugo a los empleados y obreros, los verdaderos
generadores de riquezas, quienes tienen
que lanzarse a las calles para que les mejoren sus salarios de miseria.
Esta
inconsecuente actitud de los empresarios encuentra estímulo en la
irresponsabilidad del Estado que permite barbaridades como las señaladas
arriba, en contraposición a su proclamada política de austeridad, que vemos
indignados, como sólo se les aplica a la
clase media y a los sectores de abajo.
Los
niveles salariales en nuestro país constituyen una vergϋenza tanto a nivel oficial como privado por la
inequidad que impera en ellos. Existen islas de poder, como el Banco Central,
cuyo gobernador gana el doble de lo que recibe el presidente de la República
aparte de todos los privilegios y compensaciones adicionales del cargo.
Esos
funcionarios que devengan por encima del millón de pesos mensuales, son los
mismos que pretenden que un empleado, padre de familia, de la misma institución,
o de cualquier otra de la administración pública, viva con un salario que no
cubre ni el 50 por ciento del costo de la canasta familiar establecida
oficialmente en 30 mil pesos.
El caso
más patético es el de los policías, guardias y marinos rasos que reciben 4,600
pesos de salario sin que las autoridades se conduelan de esa situación que
explica, aunque no justifica, el porqué tantos
miembros de los cuerpos armados se ven involucrados en actos delictivos como atracos, robos y asesinatos por encargo.
Finalmente,
considero que el Estado y el sector empresarial deben reconsiderar seriamente
sus políticas salariales que en vez de ayudar a las clases trabajadoras, y a
los empleados públicos a vivir con un mínimo de decencia, los están
hundiendo en la miseria y la
desesperación, y esto... puede resultar muy peligroso para todos.
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