Algunos envueltos en la bandera paraguaya
volvían al autobús que los había traído a la capital para brindarle su
apoyo al hasta este viernes presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Pese a unas pequeñas escaramuzas
poco después de que se conociese la remoción de Lugo del poder, en
general el casco histórico de Asunción se vació rápido y parecía más un
domingo en la madrugada que una agitada noche de viernes.
Raimundo, el anciano taxista que llevó a BBC
Mundo a visitar Asunción, aseguraba que "quizás no se vea ningún
problema hoy, pero lo que pasó puede darnos problemas en el futuro".
La preocupación de Raimundo -quien pese a ser
opositor de Lugo no apoyaba su destitución- se centra en lo que parecía
acaparar todas las conversaciones en Paraguay: ¿fue golpe o no fue
golpe?
Las redes sociales contrastaban con la
tranquilidad de las calles de Asunción. En internet hervía el debate
sobre la legalidad de la salida de Lugo.
En algunas radios y televisoras se hacía
especial ahínco en remarcar que "todo fue hecho en el marco
constitucional", como señaló un locutor local.
Pero las acusaciones de "golpe de Estado" traspasaban el umbral de realidad que ofrecían los medios locales.
El secretario general de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez Araque, no titubeó cuando
manifestó la postura del organismo en conversación con BBC Mundo en la
sede de la embajada venezolana en Asunción.
"Fue un golpe parlamentario, apenas un grupo de
senadores deciden la destitución de alguien electo por una votación
nacional", soltó.
"No se le permitió el derecho a la legítima
defensa, porque apenas tuvo tiempo para defenderse de las acusaciones
que tenía. Es lamentable lo ocurrido", apuntó.
¿Qué dice la Constitución?
Desde el sector político paraguayo que impulsó
el juicio político a Lugo -por su presunta responsabilidad en la matanza
de 17 personas en un operativo de desocupación de tierras privadas-
hubo amplio rechazo a tildar como un "derrocamiento" o "golpe" a lo
sucedido.
El ex jefe del ejército y legislador Lino Oviedo
-quien cumplió en 2004 una pena de prisión por un intento de golpe de
Estado- afirmó que el proceso "es constitucional".
Tanto Oviedo como quienes sostienen esta tesis apoyan su punto vista en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El texto señala que "el Presidente de la
República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los
ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado,
el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el
Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia
Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño
de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o
por delitos comunes".
"El Congreso utilizó una prerrogativa constitucional y, de hecho, el presidente (Lugo) la acató y se sometió al juicio"
Francisco Capli, analista
"La acusación será formulada por la Cámara de
Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de
Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público
a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos
culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos.
En los casos de
supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia
ordinaria", agrega el artículo.
Por su parte, el analista político, Francisco
Capli, quien es director de la encuestadora First Analisi y Estudios, le
aseguró a BBC Mundo que "no se trató de un golpe".
"El Congreso utilizó una prerrogativa
constitucional y, de hecho, el presidente (Lugo) la acató y se sometió
al juicio", aseveró.
Además, señalaron varios comentaristas, Lugo aceptó la decisión y dejó el puesto.
Sin embargo, según el presidente venezolano,
Hugo Chávez, Lugo le habría dicho que prefirió mandar a unos abogados en
vez de ir en persona a defenderse de las acusaciones "porque todo
estaba ya arreglado".
Característica paraguaya
Pero la destitución de Lugo, a tan sólo nueve
meses de las venideras elecciones presidenciales, revela el poder que
tiene el legislativo y la manera en que el mandatario perdió
prácticamente todo el apoyo político en el Congreso y el Senado.
"Desde que terminó el gobierno militar de
Alfredo Stroessener, que duró casi 36 años (hasta 1988), se diseñó una
constitución que buscó evitar la concentración del poder en una sola
persona para evitar nuevos gobiernos autoritarios", explicó Capli.
"Y de ahí que se le dio más poder al legislativo
(al ser capaz de iniciar un juicio político contra un presidente
electo), lo que es característico de Paraguay", apuntó.
Otro elemento que, según el analista, refleja la caída de Lugo, es que prácticamente se quedó sin aliados políticos.
En la Cámara de Diputados la votación para
iniciar el juicio político fue de 76 votos a favor y uno en contra, de
un total de 80 diputados.
En el Senado fueron 39 votos a favor del enjuiciamiento, de un total de 42 senadores.
"Esto en una democracia parlamentaria hubiese
significado la caída de un gobierno y esto es una cuasi democracia
parlamentaria", señaló Capli.
La remoción de Lugo como presidente de Paraguay
ahora será analizada por los mandatarios de Unasur la semana próxima,
para determinar cuál será la posición como bloque.
Ya Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador adelantaron que no reconocerán al recién asumido gobierno de Federico Franco.
Paraguay pudiera ser objeto de sanciones comerciales por parte de Unasur o incluso ser expulsado de la organización.
El destino del Paraguay sólo corresponde que lo decidan los paraguayos, en el marco de sus leyes e instituciones. Frente a esta crisis de coyuntura los países de la región deben obrar con responsabilidad democrática, evitando pronunciamientos que agraven la situación del pueblo paraguayo y valorando por sobre la persona de Fernando Lugo la vida institucional del país. Eso, exactamente, es lo que ha hecho Lugo al aceptar su destitución; mal favor se le haría presentándolo como el árbol que tapa el bosque cuando él mismo ha privilegiado -con una actitud que lo distingue honrosamente de lo que en Honduras fue Manuel Zelaya- el fluir de la solución institucional.
ResponderEliminarClaramente no es un golpe de Estado lo ocurrido en Paraguay. Llamar así a un remedio previsto por la Constitución para evitar males mayores es un acto antidemocrático, de mala fe moral y de desprecio hacia las leyes del país.
Cordialmente, Ariel Corbat.
República Argentina.