Querella involucra a nueve personas, entre ellas el senador Félix Nova
La Dirección de Persecución de la Corrupción
Administrativa de la Procuraduría General de la República investiga la
sobrevaluación de los gastos en la construcción del Centro
Universitario Regional Cibao Central (Curse UASD), en Bonao, que
ascendió a la suma de 585 millones 920 mil 449 pesos.
La directora de la entidad Laura Guerrero Pellier fue apoderada de la
querella que involucra a nueve implicados entre los que figuran el
senador Félix Nova Paulino, Carlos Manuel Ozoria, Néstor Francisco
Melenciano, Alberto Holguín, Franklin Mena, Valin de Jesús Marte, Diego
Polo Martínez, y las compañías Dicocisa y Ozoria y Asociados.
De acuerdo a la querella de la que El Nacional posee copia, el
Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Nouel,
supuestamente entregó 140 millones de pesos, no obstante la obra estar
contemplada y pagada en el presupuesto de la OISOE.
Los 140 millones entregados por el Consejo para el Desarrollo forman
parte de los fondos entregados por la Falconbridge Dominicana, a los
municipios, mediante la Ley 507 del 22 de noviembre de 2005.
Esa ley establece el 70 por ciento a Monseñor Nouel, el 20 por ciento
a La Vega y el 10 por ciento a la provincia María Trinidad Sánchez, por
los efectos ocasionados al medioambiente por la explotación minera.
La querella fue presentada por la Fundación Primero Justicia a través
de los abogados Roberto rosario Peña, Juan Roberto González y Ramón
María Almánzar.
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE),
mediante contrato encargó de la construcción del Curce-UASD en Bonao a
la empresa Dicosa.
Precisan los querellantes que la obra a pesar de que estaba
contratada y pagada por la OISOE, la empresa constructora habría
recibido el dinero del Consejo de Desarrollo.
En la querella solicitan a la Dirección Nacional de Persecución de la
Corrupción que designen un equipo de peritos para que rindan un informe
respecto al costo de la obra y verificar las cubicaciones para
determinar si se ajustan a la realidad.
La querella fue notificada, mediante el acto de alguacil, número
100-2013, en Bonao, del ministerial José Ramón Andújar, alguacil
ordinario de la Corte de Trabajo de La Vega.
El grupo está acusado de abuso de confianza, coalición de
funcionarios, prevaricación, falsedad en escritura pública, lavado de
activos y asociación de malhechores.
Los querellantes exigen la reparación de los 840 millones, a ser
entregados al Consejo para el Desarrollo de la Provincia Mosseñor Nouel.
Piden que sea solicitada medida de coerción de prisión preventiva.
El contrato de construcción es el número OISOE-FEB-38-2004.
Mientras que los 140 millones fueron pagados mediante los cheques
001397 del 25 octubre de 2007 y 002425 del 12 octubre 2008, según la
querella.
Lamentablemente mientras esté en vigencia la operacion archivo todo será tiempo perdido.
ResponderEliminarMiguel te envío un afectuoso saludo desde la ciudad de Trenton, Nj.
ResponderEliminarLamentablemente mientras esté en vigencia la operacion archivo todo será tiempo perdido.
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