Autor FERNANDO RODRÍGUEZ CÉSPEDES |
Las dramáticas expresiones del vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño
Guzmán, y posterior respaldo del doctor Guillermo Moreno, en el sentido de que
la Policía Nacional colapsó y que es necesaria su intervención por el
Presidente de la República, reflejan el
sentir generalizado de la población.
Las opiniones del prestigioso profesional y del político
opositor, fueron expresadas al referirse al escándalo que ha suscitado a nivel
nacional e internacional el asalto cometido por una banda de policías comandada
por altos oficiales de la institución contra un grupo de alemanes radicados en
Sosúa, Puerto Plata.
Situaciones como esa se dan y se
seguirán dando, por el alto grado de corrupción generalizada que prevalece en
una policía que lejos de garantizar el orden, la paz y la propiedad privada,
ha devenido en una banda delincuencial, salvo las honrosas excepciones
que siempre han existido.
Lo peor de la situación es que, aunque
en menor grado, los demás cuerpos armados como la Guardia y la Marina también
albergan grupos de delincuentes en sus senos y se recuerda, a propósito, el espectacular
asalto a la planta de leche Parmalat cometido bajo la dirección del Mayor de la
Aviación, José Luis Vargas.
Producto de esa situación, son muchos
los robos y atracos, realizados con destreza militar por comandos uniformados
(caso Vimenca en la Lincoln) que se quedan en la impunidad porque sus autores se protegen unos con otros,
ocultando pruebas, obstaculizando investigaciones y, en ocasiones, presentando
"chivos expiatorios".
Creo, al igual que la FINJUS, que el
presidente Danilo Medina, usando todos los resortes que da el poder, debe
prestar atención especial a una institución cuyos miembros en vez de inspirar confianza y seguridad,
provocan temor en la ciudadanía por el largo rosario de crímenes, atracos y
robos, cometidos por muchos de sus oficiales y alistado quienes, a veces, son
identificados, detenidos y sometidos a la justicia.
Independientemente de las medidas que se
tomen, se hace impostergable un aumento de salarios a favor de estos servidores
públicos que ganan verdaderos "salarios de miseria" para usar la
expresión del presidente Medina al referirse a los sueldos que pagan los
empresarios a sus empleados.
Esto no constituye una garantía, per se,
de que los que delinquen dejarán de hacerlo, pero sí puede contribuir a que los
que no se han corrompido puedan paliar algunas de sus necesidades más
perentorias alejándose de la tentación de cometer actos reñidos con la ley para
agenciarse los recursos indispensables para vivir con un mínimo de decencia.
Porque, que un raso de la policía, de la
Marina, la Guardia o de la Fuerza Aérea devengue 4,600 (cuatro mil seiscientos)
pesos mensuales de salario es un crimen, una irresponsabilidad del Gobierno, y
representa un estímulo para que se lancen a las calles a
"buscársela". No nos engañemos, esa es la realidad. Esto no es una
justificación, pero sí una lógica explicación.
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