Por Fernando Rodríguez Céspedes.
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Ni la seguridad jurídica, ni la preservación
del clima de inversiones, deben levantarse como banderas contra las
aspiraciones legítimas del pueblo de obtener mayores beneficios de la explotación
y comercialización de sus riquezas minerales no renovables.
Y, si el precio que debemos pagar para
mantener vigentes esos preceptos comerciales, es permitir que las
multinacionales extranjeras se lleven graciosamente nuestras riquezas, es
preferible no hacer negocios con ellas y dejar nuestros minerales tranquilos.
En el caso específico de la Barrick
Pueblo Viejo, se hace necesario un diálogo respetuoso entre la firma canadiense
y el Estado, debido a las grandes inversiones realizadas por esta en el país, y
el valor de las riquezas nacionales involucradas.
Los mismos mecanismos de diálogo que se
utilizaron para arribar el 11 de noviembre del 2009 a la renegociación del
contrato original, pueden utilizarse ahora para realizar los ajustes fiscales que
correspondan a una situación totalmente distinta.
La diferencia es que, el diálogo
anterior fue propuesto por la firma extranjera, y ahora quien lo reclama es el
presidente Danilo Medina en representación de un pueblo que ve indignado cómo se
llevan sus riquezas no renovables a cambio de migajas.
Los directivos e inversionistas de la
Barrick están conscientes de que las reglas de juego han cambiado en el mundo y
que aunque pataleen para mantener sus privilegios y desproporcionadas ganancias
frente al dueño real de las riquezas que explotan, deben ceder.
De lo contrario, se exponen a que el Estado
adopte las medidas legales necesarias para obtener mayores beneficios de nuestras riquezas explotadas. Y eso, no les
conviene, como tampoco nos conviene a nosotros vernos sometidos a un arbitraje internacional.
Las experiencias dominicanas en ese
sentido, han resultado catastróficas y ya la empresa internacional ha tenido
bastantes problemas en varios de los
países donde opera, incluyendo África, donde se metió en un mal negocio con el
cobre, y está pagando las consecuencias.
De acuerdo a informes del Banco Central,
la Barrick empezó el año pasado a exportar oro por lo que se hace urgente la
contratación de la firma de auditores suiza para tener control del monto real
de las ventas con fines de gravar, retrospectivamente, las mismas.
En definitiva, el matrimonio entre la
firma canadiense y el Estado parece indisoluble por los más de 3 mil millones
invertidos por esta en infraestructura y por el valor de nuestras riquezas
minerales. Por ello, deben sentarse a negociar en un ambiente de respeto y
equidad.
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