LOS DERECHOS HUMANOS EN MAO

Por Fernando Rodríguez Céspedes

La Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos de Mao (CODEHUMA) ha desplegado un intenso activismo en reclamos de la investigación y castigo de los últimos delitos y crímenes que afectan a la sociedad maeña enfatizando su lucha en el lamentable asesinato de la joven madre y profesional Yasmίn Valdez de Rodríguez ejecutado el 25 de mayo pasado.

Esta iniciativa es loable desde todo punto de vista en una sociedad continuamente estremecida por crímenes, actos de corrupción y vandalismo en los que con frecuencia se involucran civiles con miembros de los organismos oficiales llamados a protegernos, lo que contribuye a la impunidad que sirve de estímulo a los delincuentes que pululan por doquier.

Por ello, en mi condición de “maeño de pura cepa”, miembro activo de varias entidades de servicio de la provincia Valverde, presidente por dos ocasiones de la ASOMAU, saludo toda iniciativa individual e institucional que procure el desarrollo, el progreso y la paz de nuestro pueblo sobre la base innegociable de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la justicia social.

Quienes me conocen saben que no hay poder económico, político ni social que me induzca a defender lo mal hecho, al punto de que si un pariente cercano comete un hecho delictivo soy el primero en rechazarlo y entregarlo a las autoridades para que sea la justicia la que juzgue y aplique las penas que considere correspondan a la magnitud de su acción.

Por mi amor a Mao, a sus gentes y a las instituciones que lo representan, me permito formular algunas observaciones a la CODEHUMA, entidad llamada a jugar un importante papel a favor de la sociedad maeña y la provincia Valverde, deseando que las mismas sean tomadas como un gesto de cooperación y buena voluntad para su imagen y futuro.

En primer lugar, una institución llamada a defender los derechos de todos los ciudadanos, debe evitar llevarse del “rumor público” sobre todo cuando ese rumor daña la honra, el honor y la buena fama de cualquier persona que se vea involucrada en una investigación, y más si es un asunto que afecta las relaciones entre dos familias y, en este caso, a dos menores huérfanos.

El principio universal de la presunción de inocencia debe respetarse y defenderse, porque muchas veces existen prejuicios e intención de dañar en “investigaciones” llevadas a cabo por la Policía y el Ministerio Público, razón por la que hasta la celebración de un juicio abierto, público y contradictorio, y la condena de un juez competente, nadie debe ser considerado culpable de los hechos imputados.

Y aún en el caso de delincuentes convictos, las entidades como la CODEHUMA debe defender los derechos humanos y la vida de éstos y rechazar la acción de la Policía que sin existir la pena de muerte en el país, en ocasiones, acribilla a cualquier ciudadano, no porque lo encuentren delinquiendo, sino por el hecho de tener una ficha policial, a veces fabricada.

En nuestro medio, se da el caso de que personas con interés de dañar a alguien, por razones ajenas al caso que se ventila en el momento, aprovechan la coyuntura para auspiciar campañas de descrédito utilizando comunicadores inescrupulosos y un “rumor público” dirigido que, ante la ineficiencia de las autoridades, convierten a cualquier inocente en culpable.

Por ética y prudencia, no digo que ese sea el caso de ahora, pero a su tiempo todo sale a relucir y si mañana se descubre al asesino de Yasmίn y a quienes podrían estar azuzando y auspiciando la campaña que incrimina al esposo, profesor Manuel Rodríguez Bonilla, resultaría muy penoso que una institución como la CODEHUMA pierda su credibilidad y que algunos piensen que se prestó conciente a ese juego.

Conozco la respetabilidad de varios de los miembros de la institución, no dudo que todos sean serios, pero deben cuidarse de ciertos protagonismos individuales y de firmar documentos que no hayan sido previamente ponderados y discutidos en conjunto, para no cargar colectivamente con la responsabilidad de posiciones y expresiones que en el fondo no comparten.

No voy a entrar en detalles ni a repetir todas las afirmaciones que se hacen en el documento puesto a circular el pasado 14 de julio por la CODEHUMA, pero se destacan en el mismo unas expresiones que lesionan al licenciado Rodríguez Bonilla cuando dicen, por ejemplo: “de conformidad con el rumor público, dejó la ciudad, y podría hasta dejar el país…”. O sea, salir huyendo.

En el mismo párrafo seis del documento se afirma: “…allegados a su entorno empiezan a condicionar a potenciales testigos a cargo, a contaminar informes periciales, a hacer lobby para campañas de recuperación de imagen, entre otras travesuras.” Atribuirle esas acciones al profesor e historiador maeño, es sencillamente condenarlo pues sólo quien se siente culpable puede hacer eso.

Se debe cuidar la objetividad, amigos de la CODEHUMA y evitar el uso del lenguaje populista destacando la condición de pobres de la familia originaria de Yasmίn, puesto que Rodríguez Bonilla es un simple maestro jubilado y la escogió como esposa consciente de su status, atendiendo a sus bien conocidas virtudes. Si el hogar de donde proviene el hoy viudo es acomodado, eso no es delito y mucho menos de él.

Aunque tratan peyorativamente el amplio curriculum profesional y extensa hoja de servicios a la comunidad de Mao, a la Provincia y la Región, es algo que no debemos despreciar a la hora de evaluar las posibilidades de que un educador esmerado, padre abnegado y ciudadano ejemplar pueda, de repente, convertirse en un monstruo capaz de degollar a su amada esposa frente a su pequeña niña de 9 meses de edad.

Con esa infante y otro hijo de 5 años, anda el licenciado Rodríguez Bonilla al hombro (aún le retienen su vehículo y otras pertenencias), buscando donde pernoctar cada noche pues además de perder a su esposa, perdió su hogar y la tranquilidad necesaria para reemprender solo la difícil tarea de criar y educar correctamente, sin traumas, a estas dos criaturas inocentes que sufren, por extensión, la embestida desatada en su contra por dos o tres comunicadores que se han atrevido a sugerir a la familia de la difunta “tomar la justicia en sus manos”.

Finalmente, viendo la persecución y extensa campaña que se ha montado en Mao para presentar al licenciado Rodríguez Bonilla como el asesino de su esposa, el maltrato a que lo sometió el fiscal adjunto, quien hasta quiso impedir que fuera a despedir a la funeraria el cuerpo de la misma, las infamias y calumnias que circulan morbosamente a diario de boca en boca y hasta por algunos medios de comunicación, sólo me queda preguntarles: ¿quién defiende los derechos humanos del viudo y los dos huerfanitos a su cargo?