EL FRAUDE DEL GAS, CRIMEN CONTRA LA SOCIEDAD

Por Fernando Rodríguez Cespedes.

Robar siempre es delito, pero robar a los más pobres, es criminal.

Pienso en los indulgentes del sistema de subsidios denominado Bonogás

Pienso en los infelices que tienen que hacer malabares para reunir el dinero para comprar un cilindro de gas.

Pienso en los mal pagados empleados públicos y privados que tienen que diezmar su presupuesto para comprar gas.

Y hasta en los choferes de carros públicos y privados, taxis y minibuses cuyos vehículos funcionan con sistemas de gas.

Todas estas personas son victimas de comerciantes inescrupulosos que les roban desde un 50 hasta un 20 por ciento del contenido de los cilindros que llevan a llenar a las estaciones de expendio.

Y lo peor del caso es que tienen años cometiendo fraudes en contra de la gente del pueblo, acumulando millones de pesos mal habidos para al final ser sancionados con una medida de coerción, una que otra multa y el cierre por dos o tres días de las máquinas de expendio preparadas para el fraude.

Pero algo es algo, en un país donde la impunidad constituye el principal aliciente para los corruptos de siempre tanto en el sector privado como en el público.

Antes, los pocos inspectores de la Dirección Nacional de Normas y Sistemas de Calidad ( DIGENOR ) que se dignaban verificar estos fraudes se limitaban a sugerir a los administradores y dueños de estaciones de expendio que calibraran sus máquinas correctamente.

Ahora , con la creación del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ( Pro Consumidor ), las cosas han cambiado por la facultad legal que tiene este organismo de someter a la justicia a los infractores, y lo está haciendo y denunciándolos públicamente lo que constituye una sanción moral adicional.

Y se denuncia públicamente porque al frente de Pro Consumidor está una persona que desde sus tiempos de combativa reportera radial, en los doce años de Balaguer, ha demostrado su identificación con los mejores intereses del pueblo sin temor a las consecuencias de tal osadía

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Bien pudiera la licenciada Altagracia Paulino de Toribio, Altagracita, como se le conoce y se le llama por su sencillez, vivir tranquilamente disfrutando de su estatus de casada con uno de los funcionarios más importantes del área económica del país, sin embargo, su decisión es firme y así lo ha proclamado ante las reacciones de los poderosos que no admiten ser tocados ni con el pétalo de una rosa a pesar de sus desafueros.

Pienso que la sociedad, representada por sus mejores hijos e instituciones, debe respaldar, sin reservas, la cruzada que en defensa del maltratado y abusado consumidor ha iniciado esta valiente francomacorisana junto a otras entidades oficiales que les sirven de soporte técnico y legal como DIGENOR y la Fiscalía.

Por su parte, los jueces que conozcan los sometimientos por fraude en el expendio de gas tienen una gran responsabilidad ante el pueblo victima de un delito que por las implicaciones y daños que conlleva en perjuicio de las clases más necesitadas, puede considerarse un delito de “lesa sociedad”.

Porque, si los poderosos distribuidores de gas sometidos a la justicia logran con su influencia económica, política y hasta militar, doblar el brazo de la ley , hay que olvidarse de la defensa del consumidor en otros muchos casos de robo y especulación que tiene en agenda Pro Consumidor , y lo que es peor, las expectativas y esperanzas de un pueblo secularmente engañado, nuevamente se habrán perdido.