El Comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, valoró como positiva para la administración de justicia la resolución 58-2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la que incluye nuevos elementos a tomar en cuenta por los jueces al momento de imponer o variar las medidas de coerción por delitos graves.
Dijo que con la medida, el alto tribunal armonizó con una propuesta similar depositada por el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia y la Comisión Nacional para la Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) ante el Congreso Nacional, en el sentido de alertar a los jueces a la hora de favorecer con libertad bajo fianzas y visitas periódicas, a los acusados de narcotráfico, sicariato y otros delitos graves.
Vásquez Sámuel alertó que es un buen momento para que los legisladores asuman las propuestas de reformas de 80 artículos del Código Procesal Penal, que llevaría una mejoría en la aplicación de esa normativa legal y el fortalecimiento de las acciones judiciales.
Explicó que a seis años de implementación del Código Procesal Penal se requiere hacer una revisión reflexiva del mismo para adecuarlo a las expectativas de los operadores del sistema de justicia y de la población en sentido general, sin caer en una contrarforma, sino más bien "en una reforma inteligente".
Resaltó que antes de que los legisladores decidieran, respecto a la propuesta que se le sometió con relación a la medida de coerción, “la Suprema Corte de Justicia ante la queja social de la población reaccionó y le indicó a los jueces el peligro que representa el hecho que implica que un acusado de narcotráfico, sicariato y crimen organizado, obtuviera tan fácilmente su libertad”
El nuevo reglamento, en el que incluye una mayor cantidad de elementos a tomar en cuenta por los jueces, al momento de imponer o variar las medidas de coerción por delitos graves, fue dado a conocer ayer por la Suprema, y se explicó que el cambio fue adoptado en respuesta a los reclamos de la sociedad.
Al dar a conocer la medida, el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, explicó que el cambio fue adoptado ante la unificación de todos los sectores de la sociedad en el reclamo de mayor severidad por parte de los jueces, al momento de emitir sus decisiones en casos de delincuencia y narcotráfico.
La resolución precisa que los jueces debe ponderar si existe la posibilidad de que el imputado se integre a la asociación delictiva que se sospeche pertenece y utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otro imputado. “O que destruirá, ocultará o falsificará elementos de prueba o el hecho de que el imputado podrá usar actos de represalia contra el acusador o acusado”.
DEPARTAMENTO DE PRENSA CARMJ
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