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| POR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES |
Lo que aspiramos los ciudadanos sensatos es que nuestros dirigentes, y más si presiden el Estado, tomen decisiones ajustadas a la constitución y la justicia como única forma de preservar un estado de derechos que debe alcanzar a todos por igual al margen del color de la piel o situación socio-económica.
La puesta en vigencia del Reglamento
de Aplicación de los capítulos II y III de la Ley 169-14 a favor de los hijos
de extranjeros ilegales nacidos en territorio dominicano e inscritos
irregularmente, o no inscritos en el Registro Civil, ha desencadenado una ola
de opiniones que van desde las más radicales, racistas y patrioteras, hasta
posiciones ecuánimes en un sentido u
otro.
El presidente Danilo Medina tenía el
deber de tomar una decisión en torno a un problema humano que trasciende nuestras
fronteras tras valorar las propuestas de los sectores más representativos de
nuestra sociedad y en base a ello, emitió
el decreto 250-14 que aunque garantiza los derechos a los indocumentados,
establece un riguroso sistema de regularización, documentación y posible nacionalización de los
mismos.
Confiamos, pese a las voces agoreras
de siempre, intolerancias y hasta amenazas, en que la aplicación de este reglamento sea
asumida con responsabilidad por las autoridades correspondientes para bien de
la justicia, las relaciones armoniosas con nuestro vecino Haití, y el necesario ordenamiento y control migratorio de
nuestro país.
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