AUTOR POR
FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES
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Para el Tribunal Constitucional resulta
muy cómodo resolver de un plumazo un
problema casi centenario, con graves implicaciones humanas y raíces creadas por
la irresponsabilidad de nuestros gobernantes y la conveniencia mercurial de las
industrias azucarera y de la construcción.
El problema de los dominicanos
descendientes de haitianos ilegales pero radicados aquí toda su vida, sin importar
el número, no lo crearon ellos y por eso es injusto pretender cobrarle las
faltas de sus progenitores, aunque lo quiera el más santo, patriota y legal de los tribunales.
Si el flamante T.C. quería encontrar
culpables de una situación migratoria irregular, debió empezar condenando a los
gobernantes y traficantes que, desde Trujillo, auspiciaron la importación
masiva de haitianos para abaratar el costo
de la industria azucarera y las construcciones oficiales y privadas.
Resulta cuesta arriba aceptar que personas nacidas, registradas, criadas y educadas aquí, sin ningún vínculo
con Haití ni conocimiento del
creole, se vean de repente convertidas en apátridas en su propio país con todos
los prejuicios y consecuencias jurídicas que entraña esa condición.
No importa la cantidad, si son 13,000 o
5, lo que importa es que contra ellos se comete una injusticia al dejarlos en
un limbo jurídico con la obligación de iniciar un proceso en el que tienen que
demostrar lo que ya había sido demostrado y aceptado por las autoridades al
extenderles documentos de identidad.
Cualquiera pudiera pensar que la
draconiana sentencia tiene algo de retaliación por las prohibiciones de importación
de Haití contra varios productos alimenticios que se introducían al vecino país
sin el pago de impuestos, beneficiando así a grupos de comerciantes de ambos
lados de la frontera.
Otros más atrevidos consideran que se ha
pretendido dañar la imagen internacional del presidente Danilo Medina quien
disfrutaba, hasta que se desató el lío, además de una favorable imagen a lo
interno del país, de una proyección
internacional que competía con la de Leonel Fernández pese al poco tiempo que
lleva en el poder.
A quienes hemos estudiado nuestra
convulsa vida republicana, no nos sorprendería que una alta corte, creada y
entronizada en el poder para lo presente y lo porvenir, por el presidente
saliente, haya actuado de mala fe y que la respuesta inmediata del afectado
haya sido, quitar de un tirón 2,800 millones a su juguete favorito, el metro.
Mientras tanto, el nombre de la
República Dominicana y su presidente Danilo Medina siguen en la picota,
recibiendo el desprecio y la crítica de decenas de entidades públicas y
privadas así como de personalidades independientes de todas partes del mundo a
causa de la siniestra sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
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