POR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES |
Como en los mejores tiempos de la Inquisición, el Cardenal Nicolás
de Jesús López Rodríguez, manda a callar a todo quien disienta de sus opiniones, y al
que no sea médico ni jurista para opinar en torno al debatido tema del
aborto en nuestro país, olvidando que él, no es ni una cosa ni la otra.
Coincidiendo en tremendismo, el mismo día de sus
declaraciones, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía ofrece unas imprudentes
declaraciones sobre un tema del que debiera opinar solo por sentencia en caso
de que el debate legal sea llevado a su jurisdicción.
Parecería que este funcionario se apresura a "ponerse
donde el capitán lo vea" o que responde a una línea de acción, coincidente
con el Tribunal Constitucional que busca
crearle situaciones incómodas al presidente Danilo Medina Sánchez, en menoscabo
a su arrolladora popularidad.
En cuanto al Cardenal, hay que recordarle que no vivimos en
la Edad Media y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra
constitución, garantizan la libre expresión del pensamiento y más sobre temas neurálgicos
que pueden afectar la vida e integridad de mujeres indefensas.
Respetamos las creencias religiosas de cada quien y las
decisiones personales que de ellas puedan derivarse, pero jamás estaremos de
acuerdo con que producto de esas creencias se impongan a todo el mundo, por
ley, obligaciones ajenas a sus credos, criterios y derechos ciudadanos.
Sostengo y reitero que obligar a una madre a cargar, de por
vida, con el estigma y desgracia de un hijo producto de un incesto o una violación,
o con graves deformaciones congénitas, sería una irresponsabilidad de un estado
y una iglesia, incapaces de hacerse cargo de las víctimas de esas situaciones.
La intolerancia de la iglesia católica, encabezada por el
Cardenal López Rodríguez ha llegado al extremo de retirar al sacerdote Manuel
Ruiz de su papel de enlace entre la institución y el Poder Ejecutivo sin
detenerse a pensar en las implicaciones que conlleva esta acción de presión
contra el Estado.
Independientemente de la decisión que al final adopte la
Cámara de Diputados sobre un tema tan controversial y de pulso a lo interno del
Partido de la Liberación Dominicana, es bueno que la iglesia Católica vaya
entendiendo que su tiempo de poder absoluto sobre la sociedad, está acabando.
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