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POR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES
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Como era previsible,
las iglesias católica y protestantes enfrentan abiertamente al Poder Ejecutivo
por su decisión de observar los artículos del reformado Código Penal alusivos
al aborto y las circunstancias en que debe permitirse sin que constituya una violación
a la Constitución y las leyes.
Con esta observación, el presidente Danilo Medina, busca que
el Congreso asuma su responsabilidad de establecer claramente, las excepciones
en la aplicación de una legislación que involucra la vida y dignidad de
cualquier mujer que corra peligro de muerte o que haya sido víctima de violación
o incesto.
Prevé también el aborto cuando el feto padezca "malformaciones
incompatibles con la vida" y la dignidad humana, agregaría yo, atendiendo
el artículo 38 de nuestra constitución que hace al Gobierno garante de la
dignidad de sus ciudadanos, y todos conocemos las penurias y desamparo de los
pobres con malformaciones congénitas.
El tema es delicado y por ser un asunto de Estado, deben
dejarse de lado las consideraciones religiosas y pensar en la situación que se
crea a una familia que es privada de la madre para salvar a una criatura que,
al igual que los otros hijos, quedará huérfana, si se salva, en el acto.
Hay que ponderar las consecuencias de un embarazo producto de
una violación o incesto. Obligar, por ley, a una mujer a cargar de por vida con
el fruto de un acto de agresión de esa naturaleza, es una irresponsabilidad sobre
todo en una sociedad en la que ni las iglesias ni el Estado garantizan
asistencia ni protección a las víctimas.
Confiamos en que, al final, la razón se imponga al dogmatismo
religioso porque en un estado laico las normas y creencias religiosas deben manejarse
de acuerdo al libre albedrío y conciencia de cada quien, pero nunca imponerse
en base a leyes producto de presiones.
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