CONFLICTO OBRERO PATRONAL

Autor Fernando Rodríguez Céspedes

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Una botella de vino, champaña o whisky de las que suelen degustar nuestros empresarios, políticos, funcionarios y hombres de negocios del país, cuesta más de lo que percibe, como salario mensual, cualquier miembro de la clase trabajadora dominicana.

Esa situación, debiera avergonzarnos sobre todo por darse en un país cuyas autoridades se ufanan de un crecimiento económico que solo se manifiesta en el dispendio, exhibición y boato con que vive la mayoría de los privilegiados de siempre.

La inequidad en la distribución de nuestras riquezas, ha alcanzado niveles tan alarmantes que tanto las organizaciones como las personalidades internacionales que nos han visitado en los últimos tiempos, han criticado abiertamente estas grandes desigualdades.

El pírrico aumento salarial de 17% impuesto por los patrones, ya fue devorado por una inflación provocada por el alza de la electricidad y los combustibles, y ahora se anuncia aumentos en las medicinas, los servicios clínicos y como tiro de gracias el “paquetazo fiscal”.

Dentro de ese contexto, dejar a la bondad y consideración de cada empresario si aumenta o no a sus servidores que estén por encima del salario mínimo, es una burla más a los trabajadores porque no es ni será la vocación de justicia y equidad, la hacedora de los grandes capitales.

Lamentablemente el estado, es el que da el primer mal ejemplo en la injusta política salarial que rige en el país porque como garante de la paz y la justicia social, debiera ser el primero en promover la equidad en la distribución de las riquezas que produce la Nación.

Pero para eso, tendría que empantalonarse y romper con el desorden administrativo que le permite a los funcionarios asignarse los aumentos y sueldos que les venga en ganas como sucedió, hace poco, en la Superintendencia de Bancos, mientras se pide austeridad al pueblo.

Ningún gobierno debiera permitir que mientras sus ministros, directores generales, u otros funcionarios de entidades descentralizadas, ganan por sobre el millón de pesos mensuales, exista un porcentaje tan grande de servidores públicos que no llegan a 6 mil pesos al mes.

No me refiero a los zánganos y activistas que cobran sin trabajar, me refiero a empleados que cumplen día a día con sus horarios de trabajo y labores durante todo un mes para al final encontrarse con que gran parte de su salario se les ha ido en transporte y pago de electricidad.

Entre estos servidores se destacan los conserjes, mensajeros, guardias, policías y otros miembros de los organismos armados del país que cumplen con grandes responsabilidades a expensas, a veces, de su integridad física y hasta de sus vidas en el peor de los casos.

El Estado debiera adoptar la escala mayor del salario mínimo que existe en el sector privado como referencia y pago a los humildes servidores del sector público dando así un primer paso hacia el establecimiento de una política general de salarios no excluyente.

Al mismo tiempo, deben establecerse mecanismos de control de precios para que la especulación no se trague los posibles aumentos salariales desde que se empieza a tratar el tema, como sucede ante la mirada indiferente de quienes nos gobiernan.

Finalmente, considero que los planificadores y economistas del régimen, debieran estudiar el establecimiento de una ley de proporcionalidad salarial donde, ningún funcionario por importante que se crea, gane más que el Presidente o el equivalente a 200 salarios mínimos.

Y se hará justicia!