De
los cuatro temas candentes que abruman al presidente Danilo Medina, en estos momentos,
el suscitado por la polémica sentencia 168-13 del endiosado Tribunal Constitucional (TC) es, sin lugar a dudas, el que mayores dolores de
cabeza le ha provocado por la naturaleza del mismo y las implicaciones
internacionales que conlleva.
Los
demás son manejables, como demostró cuando afirmó que sobre el aumento de los peajes no hay nada definitivo,
bajando de esta manera la presión social que provocó el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo,
al anunciar un abusivo aumento de 233.3 % al costo del peaje.
En
lo concerniente a otro tema objeto de encendidos debates e importancia para el
país, la explotación de Loma de Miranda, el Tribunal Superior Administrativo (TSA),
acaba de darle un pie de amigo al ordenar al Ministerio de Medio Ambiente y a
la Dirección General de Minería, la detención de cualquier gestión que implique
la explotación de la referida zona.
Y
por último, sobre el proyecto de modificación al Código Laboral, el presidente
acaba de expresar que cualquier cambio se realizará sobre la base del consenso
entre los patronos y los trabajadores y si no hay acuerdo, no habrá modificación.
Como puede apreciarse aquí también va suave el presidente puesto que la situación
no depende de él.
Donde
"la puerca retuerce el rabo" es en el polémico tema de la desnacionalización
de miles de dominicanos de ascendencia haitiana afectados por una draconiana
sentencia que nos presenta al mundo como un país racista, creando al presidente
una situación tan complicada que le ha resultado difícil encontrar una salida salomónica
al problema.
Las
fuerzas más conservadoras del Estado, representadas por sus aliados de la
Fuerza Nacional Progresistas, el presidente de la Junta Central Electoral, el
director de Migración, y el cardenal López Rodríguez, por otro lado, lo tienen
en jaque bloqueando cualquier salida
humanitaria que saque del atolladero al país del lío en que lo ha metido el
todopoderoso TC.
Mientras
tanto, las instituciones más representativas en la lucha por los derechos
humanos, como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana así como
entidades de la sociedad civil nacional y extranjera se mantienen a la
expectativa del desenlace que tendrá el drama de miles de dominicanos de
ascendencia haitiana y otras nacionalidades.
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