El papa Francisco dio hoy un paso más en la
reforma de las instituciones vaticanas al crear una comisión para
reformar la estructura económica administrativa de la Santa Sede, que se
une a otra para reformar el banco del Vaticano y al grupo de ocho
cardenales nombrados para revisar la Curia.
Mediante un quirógrafo, documento escrito a mano y
firmado, con fecha 18 de julio -el mismo método usado para crear el
pasado 26 de junio la comisión que investigará el Instituto para las
Obras de Religión (IOR)- Francisco ha creado esta comisión, cuyo
objetivo es "la simplificación y racionalización" de los organismos
existentes y una más cuidadosa planificación de las actividades
económicas de todas las administraciones de la Santa Sede.
Con esa simplificación y racionalización el papa
Bergoglio pretende "soluciones estratégicas de mejoras, necesarias para
evitar dispendios de recursos económicos, favorecer la transparencia en
los procesos de adquisición de bienes y servicios y perfeccionar la
administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario".
También para operar "siempre con mayor prudencia
en el ámbito financiero, asegurar una correcta aplicación de los
principios contables y garantizar asistencia sanitaria y seguridad
social a todos los que tengan derecho".
La comisión está formada por ocho personas, siete
laicos y un sacerdote, incluidos dos españoles: el sacerdote Lucio Ángel
Vallejo Balda, de 52 años, secretario de la Prefectura para los Asuntos
Económicos del Vaticano, organismo encargado de la vigilancia, control,
programación y orientación de las actividades económicas de la Santa
Sede, y el economista Enrique Llano.
Como presidente de la comisión, el papa ha nombrado al economista Josep Zahara, de Malta, y el secretario será Vallejo Balda.
Los otros miembros son Enrique Llano (España),
Jean Baptiste de Franssu (Francia), Jochen Messemer (Alemania),
Francesca Inmacolata Chaouqi (Italia), Jean Videlain Sevestre (Francia) y
George Yeo (Singapur).
La comisión recogerá información, que presentará
directamente al pontífice, y cooperará con el Consejo de Cardenales para
el Estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa
Sede.
Asimismo, podrá colaborar con el grupo de trabajo
formado por ocho cardenales, creado el pasado 13 de abril para estudiar
la reforma de la constitución apostólica Pastor Bonus, sobre la Curia
Romana.
La primera reunión la celebrará la comisión tras
el regreso del papa Francisco de su viaje a Río de Janeiro (del 22 al 29
de julio) y se disolverá cuando el pontífice lo crea conveniente.
Un mes después de convertirse en papa, tras los
casos de curas pederastas y el escándalo Vatileaks, que desveló
enfrentamientos y supuestos casos de corrupción en la Curia Romana,
Francisco creó el 13 de abril un grupo de ocho cardenales para que le
aconsejen en el gobierno de la Iglesia y para que estudien un proyecto
de revisión de la Curia Romana.
Entre ellos se encuentran el chileno Francisco
Javier Errázuriz Ossa y el hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
como coordinador.
La primera reunión se celebrará los próximos días 1
y 3 de octubre y, según ha asegurado Maradiaga, la decisión papal ha
levantado gran expectación en América Latina.
El 26 de junio pasado, Francisco volvió a
sorprender al crear una comisión de investigación para reformar el banco
del Vaticano, envuelto desde hace años en numerosos escándalos
financieros, compuesta por cinco miembros y que tendrá carta blanca para
investigar todo lo que ocurra en la sede del "Banco de Dios", como es
conocido.
De la comisión forma parte el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.
A principios de la década de los ochenta el IOR se
vio salpicado por el escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano de
Roberto Calvi, encontrado ahorcado bajo un puente de Londres en 1982.
Aunque el Vaticano siempre rechazó cualquier
responsabilidad, sí admitió su "implicación moral" y pagó 241 millones
de dólares de la época a los acreedores de la entidad.
El IOR fue reformado en 1989 por Juan Pablo II, y
el 30 de diciembre de 2010 Benedicto XVI aprobó una ley para luchar
contra el blanqueo de dinero en la instituciones financieras del
Vaticano, con el objetivo de entrar en la llamada "lista blanca" de
Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de
dinero.
El pasado 1 de julio dimitieron el director
general, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, tres días
después de la detención del prelado italiano Nunzio Scarano, acusado de
fraude y corrupción en el marco de una investigación sobre supuestas
irregularidades financieras en el IOR.
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