La Fiscalía anticorrupción presentó hoy una petición de fianza civil
de casi 8,2 millones de euros (unos 10,4 millones de dólares) para Iñaki
Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos de España, y su ex socio Diego
Torres, imputados en un caso de supuesta corrupción.
La fianza cubriría posibles responsabilidades civiles derivadas de
las condenas que se les podría imponer por un caso de malversación de
fondos públicos y fraude a la administración.
El escrito, presentado en los juzgados de Palma de Mallorca, en las
Islas Baleares, solicita que ambos imputados presenten la cantidad de
8.189.448 euros.
El juez encargado de ese caso debe decidir ahora si acepta la cantidad solicitada o la rebaja.
En esta causa se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos,
presidido por Urdangarin y Torres, de unos 5,8 millones de euros de
dinero público entre 2004 y 2007.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el
ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo
garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente
malversado en caso de ser condenados en juicio.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso sospechan que
Urdangarin y Torres obtuvieron de forma irregular fondos públicos de los
gobiernos regionales de las Islas Baleares y de la Comunidad
Valenciana.
Aunque la fianza asciende a 8,2 millones de euros, el fiscal calcula
que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropiaron de alrededor de
6 millones de euros y desviaron el dinero al instituto sin ánimo de
lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.
Iñaki Urdangarin, duque de Palma, es el esposo de la infanta
Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, con la que se casó en
octubre de 1997.
El pasado mes de febrero, compareció ante la justicia en Palma de
Mallorca y defendió su inocencia y su labor al frente del Instituto
Nóos, una entidad que presidió entre 2004 y 2006.
También reconoció en su declaración judicial que el rey Juan Carlos
le pidió en 2006 que dejara sus actividades profesionales relacionadas
con el sector público.
El pasado 28 de agosto, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
anunciaron que dejaban Washington, donde residían desde hacía tres años
con sus cuatro hijos, para regresar a España tras solicitar una
“excedencia temporal” en el contrato que el duque de Palma tiene con la
multinacional de telecomunicaciones Telefónica.
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