El fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, informó este lunes que apelará la decisión del juez interino René del Rosario, quien la semana pasada puso en libertad a un grupo de sicarios, generando de inmediato la crítica del jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y la repulsa de otros sectores nacionales.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, había ordenado al fiscal Acosta recurrir en apelación la decisión del juez interino, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, pidió al juez que ventiló el caso enviarle la copia de su decisión de dejar en libertad a los sicarios Miguel Alfonseca Soto, Felipides Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enyer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala.
El grupo fue apresado por su presunta participación en la ejecución de Ramón Leonardo Paulino Valdez, Carlos Manuel Vicente Rivas, Elvin Noel Díaz Domínguez (Papo) y Juan Díaz Serrano (Nicaurys la mafia), cuyos cadáveres fueron encontrados a la altura del kilómetro 29 de la carretera Duarte vieja frente a la granja de pollos Cibao
El fiscal Perfecto Acosta entiende que la decisión del juez interino afecta la lucha contra la delincuencia, ya que “habían pruebas suficientes, elementos de prueba suficientes para que a todos los sicarios se les diera prisión preventiva. Estamos inconformes con la decisión y este día la recurriremos”.
Mientras que el vocero de la Policía Nacional, general Nelson Rosario, manifestó que tratan de establecer los vínculos de esos individuos con otros hechos de sangre.
Decisión genera repulsa
Las decisiones de dos jueces de poner en libertad a varios acusados de asesinatos por encargo ha provocado la repulsa de la sociedad y el cuestionamiento del sistema judicial.
El arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, editoriales de medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil expresaron sorpresa por las decisiones de la justicia este fin de semana.
Algunos opinan que pareció un plan en el que se aprovechó la atención de la población sobre la tragedia de Haití, para poner en libertad a personas que fiscales involucran en asesinatos y distribución de drogas.
Una de las decisiones altamente cuestionada fue la del magistrado José Alejandro Vargas, del Distrito Nacional, que ordenó la libertad de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), acusado de asesinar al español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki).
Autor: RAMON RAMOS/TERESA CASADO
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