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| AUTOR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES |
El daño que ocasionan la corrupción
administrativa y el narcotráfico al país, son similares por el efecto
devastador que provocan a la sociedad y población
en sentido general no solo en el aspecto económico sino también en el aspecto
moral.
La corrupción oficial, desvía miles
de millones de pesos a los bolsillos de unos cuantos, en detrimento de los sectores más necesitados del pueblo y de las
finanzas públicas, privándola de fondos que pudieran ir a paliar las
ancestrales deficiencias del Estado.
El narcotráfico, además de la secuela
de destrucción, daños físicos y mentales que ocasiona a la juventud y a la
familia, está destruyendo la sociedad y
convirtiéndose en el paradigma a seguir por quienes carecen de oportunidad de
ascenso social y material.
La proliferación de estos males, se
debe a la impunidad con que se protegen los delincuentes en base a la política,
sobornos, dádivas e intimidación, penetrando y comprometiendo a los mayores
estamentos del poder político, social y militar del país.
Hacen favores, donan dinero y hasta resuelven
problemas comunitarios comprando lealtades y
buscando aprobación social en un medio donde la persona vale por lo que
tiene y puede dar, en detrimento de los valores morales que debieran
prevalecer.
El sistema judicial supuesto a
combatirlos, es débil, mal pagado y sus miembros, generalmente, designados por
razones políticas, y cuando alguien, asqueado de esta vergonzosa situación se
atreve a enfrentarla, recibe amenazas, chantajes
e insultos.
Surgen los cuestionamientos a prácticas,
que si bien no son legales, son parte
del diario vivir en la política criolla donde se usan los cargos para
promocionarse políticamente y para ilustrar, basta citar, a Temístocles Montás
y a Francisco Javier García, altos funcionarios en campaña con fondos del
Estado.
Pero ellos no son cuestionados ni por
prestantes y rabiosos juristas, defensores de convictos narcotraficantes, ni
por los privilegiados miembros del Congreso Nacional quienes viven sirviéndose
de los fondos públicos para hacer campaña proselitista.
Y todo, porque no han osado cuestionar la fortuna descomunal y meteórica
de ninguno de los sospechosos de corrupción administrativa que dirigen el
partido en el poder como sucede con el caso del sometimiento por corrupción y
lavado del senador Felix Bautista por el procurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito
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