SANTO DOMINGO.- El ministro de Relaciones
Exteriores, Andrés Navarro, destacó ante los embajadores de los países
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), el compromiso mostrado por el gobierno
en la defensa de los derechos humanos, con los comprobados esfuerzos que
realiza en el proceso del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en
el que gasta alrededor de 1,800 millones de pesos.
"En el país hay un compromiso total del gobierno
del presidente Medina con el tema del respeto a los derechos humanos,
incluso de manera integral, de ahí que no se ha escatimado esfuerzo
alguno para garantizar el debido proceso de regularización a los hijos
nacidos en el país de padres con estatus de ilegales, tal como se puede
observar en el plan de regularización a nivel nacional con todas las
facilidades disponibles y de manera gratuita", refirió.
Asimismo, afirmó ante los diplomáticos que el
gobierno del presidente Danilo Medina estudia diferentes escenarios y
encamina una consulta nacional con experimentados juristas para
establecer su posición frente a la condena de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Dominicana.
En un encuentro celebrado en la sede de la
Cancillería con los representantes diplomáticos del SICA que integran
México, Belice, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y
El Salvador, así como los de UNASUR pertenecientes a Brasil, Venezuela,
Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay.
El funcionario consideró que la sentencia de la
CIDH se decidió sin tomar en cuenta los procesos históricos y la
realidad económico-social de la República Dominicana, "además de que se
trata de un fallo que alude a la Constitución dominicana, el derecho a
decidir sobre la nacionalidad, y cuestiona algunos artículos de la Ley
169/14 que ha facilitado el plan de regularización de extranjeros".
Indicó que "cada país tiene derecho a definir el
mecanismo para conceder la ciudadanía, en el marco de la innegociable
libre determinación, pero tampoco esa soberana decisión no puede ser
interpretada bajo ninguna circunstancia como una negación al respeto de
los derechos humanos".
El canciller Navarro planteó a los diplomáticos
que el gobierno acogió el fallo de la sentencia 256/14 del Tribunal
Constitucional dominicano porque tiene claro el debido respeto al orden
jurídico y a la independencia de los poderes del Estado, "con lo que ha
evitado una innecesaria confrontación y una posible crisis social y
política de impredecibles consecuencias".
Señaló que el gobierno dominicano fijará una
posición definitiva como país ante el Sistema de la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos, luego del análisis de los escenarios posibles,
"y este proceso de encuentros con ustedes como representantes de países
amigos, es parte de esa bien intencionada respuesta que el gobierno
dará a la situación".
Recordó que los gobiernos dominicano y haitiano
desarrollan grandes esfuerzos por estrechar los lazos de buena vecindad y
cooperación, lo que ha quedado de manifiesto en el proceso de
regularización de extranjeros, principalmente haitianos que viven en el
país en condición de ilegales.
"El gobierno del presidente Medina está haciendo
ingentes esfuerzos por resolver esta situación, pero apegado al
ordenamiento jurídico del país y con profundo respeto a los derechos
humanos. Es necesario profundizar el diálogo, y entendemos que las
autoridades del vecino país, su presidente Michel Martelly y el primer
ministro Laurent Lamothe han dado positivas señales de buena voluntad en
ese sentido".
En el encuentro participaron los embajadores
Eduardo Lama (Belice), María E. Barrios (Honduras), José Rafael Tores
(Costa Rica), José Ignacio Pina (México), Alejandro Buitrón (Guatemala),
Nelson Artola Escobar (Nicaragua) y Javier Menéndez, encargado de
negocios de El Salvador.
El ministro Navarro también se reunió
posteriormente con los embajadores que representan a los países que
componen el bloque de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a
quienes explicó todo lo relacionado con las sentencias del Tribunal
Constitucional dominicano y de la CIDH, el Plan de Regularización de
Extranjeros, y sobre los aprestos que realiza el gobierno para dar
respuesta al "inaceptable" fallo contra la República Dominicana.
Entre los asistentes por los países suramericanos
se encontraban los embajadores Roberto García Márquez (Colombia),
Alberto Castellar (Venezuela), Noemí Gómez (Argentina), Raúl Juan Pollak
(Uruguay), Carlos López Damn (Ecuador), Fernando Barrera (Chile), José
Marcus Vinicius (Brasil), Clara Porcella (Paraguay) y Luis Vivanco,
ministro consejo de la embajada de Perú.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinion nos ayuda a crecer