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| POR FERNANDO RODRĺGUEZ CÉSPEDES |
El tema de la
corrupción administrativa, que al igual que el de la delincuencia común, son de
los mayores tormentos de las clases conscientes del país, fue dejado de lado
por el presidente Danilo Medina en su discurso del pasado 16 de agosto.
Nadie con
sentido común esperaba que le dedicara un segmento prolongado en una alocución
cargada de anuncios sobre logros y proyectos futuros para el país, pero algo debió
decirse sobre un mal de tantas repercusiones sociales y económicas.
Por lo menos esperábamos
una reiteración de la voluntad del Estado a combatir un cáncer, que por
ancestral, no debe verse con indiferencia por el Ejecutivo so pena de que continúen
reproduciéndose actos dolosos contra los fondos públicos en detrimento del
pueblo.
En detrimento
del pueblo, porque los miles de millones de pesos que se embolsillan algunos
funcionarios públicos a costa de negociaciones espurias como la de los Súper
Tucano, hacen faltas para la salud, alimentación y educación de los pobres.
Incluso, en
el recién pasado periodo de transición, innecesariamente prolongado, se
realizaron en algunas dependencias oficiales una serie de operaciones económicas, licitaciones y
contrataciones amañadas que el Ejecutivo debiera dejar sin efecto.
En lo
relativo a la ley de Declaración Jurada de Patrimonio, a que deben someterse
todos los funcionarios electos, salientes o nombrados, el presidente, de alguna
manera debe mostrar interés en que se cumpla para evitar lo ocurrido en el
periodo pasado.
Más de 2000
funcionarios públicos hicieron caso omiso, sin ninguna consecuencia, a un instrumento
legal que puede contribuir a la transparencia del accionar de quienes llegan a
los cargos a enriquecerse descaradamente ante la indiferencia oficial.
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